Intervención cuestiona contratos de personal en seis entidades municipales de Valencia

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Valencia, el pasado julio. / irene marsilla

La auditoría destaca que en varias empresas no se ha certificado que los sueldos de directivos respetan el tope fijado por el Ayuntamiento

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

El Informe de Control Financiero del Ayuntamiento de 2016 ha desvelado el tirón de orejas dado por la Intervención Municipal a seis empresas y fundaciones municipales. El motivo no es otro que las objeciones puestas a la contratación de personal en dicho ejercicio.

Se trata por orden de aparición en el documento de la Fundación Deportiva Municipal, AUMSA, la EMT, Mercavalencia, la Fundación Pacto de Empleo y la Fundación Observatorio Valenciano del Cambio Climático. En todas ellas se alude al mismo artículo en la llamada auditoría de legalidad.

«Una vez analizadas las pruebas, se ha observado que, en general, para las altas producidas en el ejercicio, todas ellas de carácter temporal, no se ha cumplido debidamente con los principios de igualdad, mérito y capacidad, hecho que no queda claramente especificado en el informe», señalan los técnicos en el estudio que está fechado el 22 de septiembre.

En el mismo apartado se alude al artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este indica: «Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico». Estas condiciones no se han cumplido, al menos del todo, en las empresas y entidades comentadas.

El informe no alude a casos concretos en ningún momento aunque sorprende una coincidencia tal en media docena de entidades dependientes del Consistorio. En el segundo punto del artículo 55 se señalan los requisitos de la contratación de personal temporal. «Publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección». También la «adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar», así como la «agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección».

El documento hace una sugerencia a la Fundación de la Policía Local en el mismo ámbito, al comentar los autores que «deberían aprobarse unas instrucciones de contratación que regulen los procedimientos de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación».

De la sociedad Aumsa indica además que «no se ha proporcionado evidencia de que se haya comprobado que las deficiencias observadas por la Sindicatura en sus informes de 2010, relativo a la Fiscalización de las instrucciones de contratación». Otra de las anomalías referida al personal es que «no se ha proporcionado evidencia de que se haya realizado ninguna prueba para comprobar que las retribuciones percibidas por el gerente no superan el importe máximo acordado por el pleno del Ayuntamiento».

Idéntico apunte aparece en el capítulo dedicado a la EMT en referencia al gerente. El primero aparece en la web municipal con un sueldo bruto anual de 76.000 euros, mientras que el otro tiene un salario fijado en 70.000 euros anuales. De la EMT se comenta también que no se ha proporcionado «evidencia de que hayan realizado pruebas de cumplimiento sobre la información proporcionada para el cálculo del período medio de pago a proveedores».

De Mercavalencia comentan que «no se ha proporcionado evidencia de que se haya comprobado que las retribuciones del personal en 2016 no se hayan incrementado más de un 1% respecto a 2015». Este tope está fijado por una ley estatal y pretende contener el gasto público.

La misma objeción se refiere a la comprobación del sueldo del gerente, en este caso 82.350 euros, junto con la ausencia de que tampoco se han entregado a los auditores «contratos menores sobre los que se han realizado las pruebas para comprobar su ajuste a la normativa». Las mismas objeciones sobres sueldos de los directivos y la contratación se incluyen en las otras entidades.

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