El Consell pagará 11.000 euros al mes para evitar ocupaciones ilegales en una finca inacabada

Al margen de las rebajas que ofrezcan las aspirantes, la Generalitat está dispuesta a pagar por el servicio un total de 11.429 euros mensuales. La cantidad es la misma en el caso de que se prorrogue tres meses. Fuentes de la Entidad de Infraestructuras señalaron que el edificio de viviendas está pendiente de acabar desde 2010, debido al concurso de acreedores en que se declaró la empresa adjudicataria de las obras. Ahora se quiere rematar lo pendiente, con un coste estimado de 64.000 euros más IVA, para sacar al mercado seis viviendas de promoción pública, tres plazas de garaje y un local comercial en la planta baja.

La fachada de la finca muestra signos evidentes de vandalismo, al estar prácticamente cubierta de pintadas. La puerta del patio está tabicada para impedir el acceso, mientras que el garaje está bloqueado con la colocación de dos contenedores de basura, que de este modo no molestan en la estrecha calle.

Los aledaños de la finca están repletos de apartamentos turísticos, tanto en la calle Bisbessa como en Pintor Domingo, que limita con un lateral de las Escuelas Pías. Las mismas fuentes precisaron que se quiere adjudicar antes el servicio de vigilancia para coordinarlo con el final de las obras, de tal manera que el inmueble esté custodiado de manera permanente una vez iniciada la reforma pendiente.

La Generalitat tiene malas experiencia en lo referido a las ocupaciones ilegales. Sin salir de Velluters, la Entidad de Infraestructuras está pendiente de una resolución judicial para el desalojo de okupas de una promoción pública en la calle Tejedores. Los residentes han llegado a denunciar casos de toxicómanos que utilizan estos pisos como narcosalas.

La asociación de vecinos El Palleter ha pedido el refuerzo de la vigilancia policial y la aplicación efectiva de la ordenanza contra la prostitución callejera, que sanciona a los clientes de las meretrices. Fuentes vecinales indicaron que se han dado varios casos de hallazgos de jeringuillas usadas en jardines donde hay juegos infantiles.

La crisis económica ha frenado muchas inversiones privadas en la zona, al igual que públicas como el caso citado del edificio de la Generalitat, que tuvo que afrontar un complicado proceso para resolver el contrato con la empresa anterior para volver a sacar a licitación las obras en el inmueble de seis viviendas de la plaza Coll.