Las chabolas aumentan en Valencia y alcanzan la cifra más alta desde 2013

Chabolas en Valencia./Irene Marsilla
Chabolas en Valencia. / Irene Marsilla

El censo municipal incluye a 329 familias, con los barrios del Marítimo como la zona donde se concentran más asentamientos

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

El chabolismo, la señal inequívoca de las zonas más degradadas de una ciudad, va en aumento en Valencia. Según los datos del Ayuntamiento, un total de 329 familias estaban censadas en asentamientos precarios en 2016, último ejercicio contabilizado. La cifra supone la más alta en un periodo que llega hasta tres años antes.

Once centros de servicios sociales dependientes del Ayuntamiento tienen entre sus funciones el seguimiento de estas familias, por lo que se puede decir que este fenómeno se extiende a todo el cap i casal. Casas en ruinas, naves industriales y alquerías protagonizan unos asentamientos donde el censo cambia constantemente, como indica la delegada de Bienestar Social, Consol Castillo, en una respuesta dada a la concejala de Ciudadanos Amparo Picó.

Las 329 familias podrían ser de este modo muchas más. «Facilitar los datos para la elaboración de dicho censo tiene un carácter totalmente voluntario por parte de las personas que residen en estas viviendas y no siempre los facilitan», se indica en la contestación.

El mapa del chabolismo es por lo tanto muy complicado de perfilar, aunque es evidente que no se reduce pese a la salida paulatina de la crisis económica. En 2013 fueron 319 las familias que vivían en estos asentamientos las atendidas por el Consistorio, una cifra que fue de 299 un año después y 306 al ejercicio siguiente. Por lo tanto, las 329 contabilizadas son el peor resultado del periodo analizado.

Los primeros perjudicados en vivir en las chabolas son sus propios ocupantes, en muchas ocasiones menores, quienes malviven en condiciones evidentes de insalubridad, sin agua potable y con enganches de luz al alumbrado público. Esta situación provoca además la degradación de la zona, lo que es denunciado por las asociaciones vecinales. El caso más reiterado en Valencia es el Cabanyal, donde se han concentrado estos años buena parte de las ocupaciones ilegales.

En la parte sur del barrio de Malilla, a espaldas del hospital La Fe, se produce una situación similar, mientras que en las pedanías de Font d'En Corts y La Punta, este fenómeno se extiende a las alquerías. Las zonas de la ciudad con mayor presencia de estas familias son las de Poblados Marítimos, con 104 familias, y las de sur de Quatre Carreres, 95, y San Marcelino, 28. En estos tres lugares suman 227 familias.

«La provisionalidad de los asentamientos es la característica a destacar, son ocupaciones ilegales sujetas a constantes desalojos», se señala en la respuesta. La intervención con las familias se produce con equipos de especialistas, donde hay educadores y trabajadores sociales entre otras disciplinas. Eso sí, el contrato actual con el equipo de atención señala un máximo de 70 familias, la tercera parte de las que hay censadas en toda la ciudad.

Entre las iniciativas se habla de un estudio estadístico del citado censo, así como coordinar los proyectos municipales que pueden afectar a estas familias. También planificar el realojo tras la realización de talleres de organización doméstica, con el aumento del parque de viviendas municipales para este colectivo.

Por su parte, la concejal de Ciudadanos Amparo Picó propuso a la vista de estas cifras que se elabore un plan para dar alternativas a las 329 familias que viven en asentamientos ilegales. Denunció que la «política del tripartito para erradicarlos ha sido un completo fracaso porque la cifra de familias censadas en 2016 es superior a la de 2013».

A su juicio, la política de erradicación de estos lugares por parte del gobierno municipal «ha fracasado y se debe poner en marcha un plan para ayudarles a salir de esa situación y evitar que 329 familias vivan en asentamientos ilegales». Para Picó es insuficiente además que «se nos haya respondido que se está en proceso de elaboración el censo del año pasado».

Más información Las casas próximas al Parque Central se llenan de ocupaciones ilegales y vertederos

«La policía nos ha dicho que han llegado a contabilizar entre 12 y 14 familias, que malviven con enganches ilegales al alumbrado público y cogen el agua de donde pueden». Así describió Rodolfo Izquierdo, presidente de la asociación de vecinos de Cruz Cubierta, la situación que se registra desde hace tiempo en calles como Altamira y Vicente Salcedo, próximas a las vías ferroviarias pendientes de soterramiento en el proyecto del Parque Central.

Pero hasta que llegue ese momento las viviendas se degradan a ojos vista. Hace años que la mayoría están con las puertas y ventanas tapiadas para evitar ocupaciones ilegales aunque Izquierdo denunció, y pudo comprobar este periódico, que en varias de ellas los accesos están despejados.

«El problema es que todo lo que recogen en los contenedores no sirve para el desguace y acaba tirado en los solares y las mismas viviendas», señaló. En la calle Altamira, junto a la calle San Vicente Mártir, los vertederos ocupan todas las parcelas donde han desaparecido las fincas al quedar en ruinas.

Solar en la calle Altamira, junto a las vías ferroviarias del Parque Central.
Solar en la calle Altamira, junto a las vías ferroviarias del Parque Central. / Manuel Molines

Justo al lado, el Ayuntamiento ha derribado la mayor parte de una antigua cervecera para evitar accidentes y por la falta de actuaciones de sus propietarios, en su mayor parte bancos. Las demoliciones han dado lugar a varios solares e Izquierdo reclamó que se haga algo similar en las casas ocupadas ilegalmente. «Si no pueden estar en condiciones es lo mejor para evitar accidentes o incendios que luego lamentemos todos».

Toda esta zona forma parte de los solares edificables del Parque Central, donde en su día se derribó el complejo de fábricas de Macosa, salvo una que se mantendrá como inmueble protegido y destinada a un colegio público. En el resto de las parcelas quedan todavía decenas de viviendas en fincas de escasa altura. «Entendemos que todas van fuera y que se harán nuevas», reiteró el dirigente vecinal.

La sociedad Parque Central tiene en trámite la subasta de parcelas de la primera fase, donde ya se ha completado la reparcelación y los propietarios privados pueden enajenar sus solares cuando quieran. Sobre la parte público no se ha fijado todavía el precio mínimo de salida por metro cuadrado, unos ingresos con los que la entidad espera financiar parte de las obras de soterramiento y de construcción del jardín, ahora en ejecución.

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