El Ayuntamiento de Valencia elimina el control fiscal previo sobre los contratos a dedo

Ese control fiscal previo implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General. Con la nueva instrucción dada por el Consistorio el expediente ya no pasará por este departamento y, por tanto, serán las concejalías quienes autorizarán y firmarán el contrato a dedo.

Unas contrataciones que, en el caso del cap i casal, entre julio de 2015 y septiembre de 2017 se han gastado 43,3 millones distribuidos en 9.518 contratos mediante esta fórmula. La cifra, además, se ha duplicado en apenas nueve meses, ya que hasta diciembre de 2016 los contratos menores rozaban los 20 millones, según denunció a finales de diciembre el grupo municipal popular.

De ahí que el concejal y portavoz popular, Eusebio Monzó, haya trasladado a la próxima comisión de Hacienda una pregunta sobre la decisión adoptada por el equipo de gobierno que encabeza Joan Ribó para conocer cómo puede afectar la medida a la formalización de los contratos a dedo y si existe una estimación del número que se otorgarán en 2018.

La supresión de la fiscalización previa contradice, además, los compromisos adquiridos por el Consistorio tanto en un pleno municipal (junio de 2016) como en una junta de gobierno, ya que se acordó extremar los controles en los contratos y fundaciones tras haberse detectado gastos sin haber pasado los filtros fiscales previos adecuados y un uso continuado a los contratos menores y negociados sin publicidad.

«Los contratos menores no deben tener fiscalización previa por ley, pero sí por las bases del presupuesto», comentó entonces el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, para añadir que aumentaría la «metodología que dificulte incurrir el gasto sin existir expediente administrativo», como se recogió en la moción alternativa a la presentada por Ciudadanos. De hecho, unos días más tarde al pleno, la junta de gobierno ratificaba ese compromiso para introducir unas cláusulas de mayor rigor en el control en la base de ejecución del presupuesto de 2017.

Sin embargo, es precisamente en las bases de las cuentas de 2018 donde la concejalía de Hacienda ha incorporado varias modificaciones, entre ellas la anulación de la fiscalización previa para «los gastos de material no susceptible de inventariar, los contratos menores, los de tipo periódico y otros de tracto sucesivo», según consta en la instrucción firmada el 27 de diciembre y a la que ha tenido acceso este periódico.

Así se refleja también en la nota de la Intervención General del Ayuntamiento, donde se explican las actuaciones y los nuevos procedimientos. «Los contratos menores definidos actualmente en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo, de 14 de noviembre, no estarán sometidos a fiscalización previa en su fase inicial de aprobación del gasto y, en consecuencia, se aprobará directamente sin trámite previo de fiscalización», recoge el documento.

La fiscalización de las adjudicaciones a dedo (importes inferiores a 18.000 euros en el caso de servicios y suministros o de 50.000 euros en caso de obras, IVA excluido) se realizará de forma posterior mediante muestreo. Sí que se mantiene previamente el reconocimiento de la obligación de pago.

Para el portavoz del PP en el Consitorio la decisión es «sorprendente» porque «este equipo de gobierno presume de transparencia». Monzó recordó que «legalmente el Consistorio puede hacerlo porque es una norma interna» pero, insistió, es «un mecanismo de control necesario». A juicio de Monzó, «vemos de nuevo una promesa incumplida que se refleja en el aumento de contratos mediante esta fórmula que no responden a las necesidades por las que se debe recurrir a ellos».

Un total de 5,77 millones. Es la cuantía adjudicada a dedo por las empresas municipales y organismos autónomos entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2017, lo que se traduce en 2.615 contratos. Figuran Aumsa, la Fundación Deportiva, el Palau de la Música o Turismo Valencia (algunos sin todos los datos publicados), ya que entidades como la EMT no ofrecen la información de forma accesible.