El Ayuntamiento de Valencia dispara los ingresos mientras se reduce la ejecución de obras

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, en el hemiciclo del Ayuntamiento/Irene Marsilla
El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, en el hemiciclo del Ayuntamiento / Irene Marsilla

El Consistorio recauda casi 23 millones más por el IBI tras la subida de 10.000 recibos por la actualización ordenada por el Catastro

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

El Ayuntamiento de Valencia disparó el pasado año los ingresos en tasas, multas e impuestos, según explicó ayer el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quien citó como ejemplo los 22,8 millones de euros liquidados por encima de la previsión en el Impuesto de Bienes Inmuebles, así como otros siete millones en Plusvalías o los 12 millones en sanciones de tráfico de la estimación al inicio del ejercicio. El superávit alcanzó en total los 93 millones de euros.

Las arcas municipales empiezan a llenarse después de años de problemas por la crisis económica, lo que pone más en evidencia los problemas a la hora de ejecutar las inversiones por parte de las concejalías. Frente a este escenario tan positivo para el Consistorio, el pasado año se alcanzó un 53% del presupuesto de obras realizado, un porcentaje por debajo incluso de lo que sucedió en 2016.

El motivo de un incremento tan fuerte en el Impuesto de Bienes Inmuebles se debe a la regularización ordenada por la Dirección General del Catastro en 10.000 propiedades, donde se han subido los valores catastrales y por lo tanto los recibos. Así, se ha pasado de una previsión de 227,5 millones a unos derechos liquidados de 250,32 millones.

El superávit alcanza los 93 millones y el PP considera que es el momento de bajar los impuestos

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, desde 2016 han aumentado hasta este año en 3.500 los recibos que se pondrán al cobro, aunque los ingresos publicados en la matrícula se elevan a 226 millones. El resto se completará con la recaudación de años anteriores, donde Vilar matizó que la subida de los ingresos se debe a que «ha mejorado la gestión, los impuestos no han subido».

En cuanto a la ejecución del presupuesto, el pasado año se quedó en el citado 53%, lo que supuso un total de 83,3 millones de euros. El resultado fue peor que los 92,1 millones del año anterior, aunque el gobierno municipal achaca este resultado al retraso del Gobierno en aprobar los remanentes de tesorería a los Ayuntamientos, es decir, el permiso para que se gastaran en inversiones y pago de deuda el dinero sobrante del ejercicio anterior.

Ahora, el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es publicar un decreto que facilite esta gestión a los consistorios, sin tener que esperar a la aprobación de las cuentas del Estado. Vilar confió en que esto se produzca en marzo para que los 62,2 millones estén disponibles antes del verano.

El portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó, dijo sobre esto que «la actitud del Gobierno de España pone en evidencia el discurso victimista de Ribó». Tras conocer los datos ofrecidos por el edil de Hacienda, consideró como «muy positivo que el importe definitivo de las transferencias del Estado a Valencia, en 2017, se hayan incrementado respecto al año anterior en un 2,6%», superando los 320,5 millones de euros», para añadir que «esta cifra supone 8,5 millones más que lo presupuestado por el tripartito».

En su opinión, es el «momento de bajar los impuestos», al argumentar que «el resultado obtenido en 2017 respecto a los derechos liquidados en el IBI, el ICIO y Plusvalías, que superan con creces las previsiones del presupuesto, justifican que una bajada de impuestos es posible».

El Consistorio prevé destinar más inversiones a seguridad y polideportivos

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, elogió el cambio de rumbo del Ministerio de Hacienda sobre la utilización de las entidades locales de sus remanentes de tesorería, de manera que se amplían los ámbitos en los que como Valencia, cierren los ejercicios con superávit en sus cuentas.

El edil estimó que del acuerdo inicial con la Federación de Municipios se «desprenden varios pre-acuerdos, fruto de la presión del municipalismo español», al señalar que abren «unas perspectivas de cambio muy interesantes en la relación entre el Ministerio y los municipios».

Todo pasará por un decreto para flexibilizar el uso de los remanentes, manteniendo el esquema actual de destinar estas cantidades al pago de deuda e inversiones financieras de carácter sostenible. Y será este último ámbito el que se prevé ampliar para permitir las de carácter educativo, instalaciones deportivas u obras en materia de seguridad ciudadana, entre otras.

Estos ejemplos fueron los citados por Vilar, aunque el edil consideró que cuando se plasme en un documento el compromiso del Gobierno podría haber alguna variación. Habló también de la tasa de reposición de los funcionarios, que desde el ámbito local se quiere ampliar o, incluso eliminar.

El acuerdo entre la Federación de Municipios y el Gobierno incluye el compromiso de legislar de manera inmediata la aplicación del Impuesto de Plusvalías, que tras la sentencia del Tribunal Constitucional de hace unos meses, ha dejado a los Ayuntamientos en una especie de «tierra de nadie», sin una normativa clara y adaptada a la jurisprudencia, y que está ocasionando reclamaciones.

Finalmente, el delegado dijo sobre el estudio de la nueva financiación local que se acometerá de manera paralela la negociación con las autonomías, por lo que «si pretenden enfrentar al municipalismo con las autonomías del Estado, van dados. A mí no me van a encontrar».

Por último, dijo que en la reunión de alcaldes convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que su presidente, Abel Caballero, informó sobre la medida anunciada por el ministro Montoro, «estaban presentes los alcaldes de las principales ciudades españolas, como los de Madrid y Sevilla. Sin embargo, Ribó no consideró necesario que Valencia estuviera representada por su máximo representante municipal» al no acudir.

Además del IBI, también se ha registrado una fuerte subida en el Impuesto de Plusvalías, al pasar de una previsión de 32,5 a 39,3 millones de euros. En este sentido, Vilar recordó la congelación del cobro de seis millones afectados por una sentencia reciente donde confió en que el «Gobierno se haga cargo de las devoluciones que tengamos que hacer sobre lo que hemos cobrado sin que se haya producido un incremento del valor de los terrenos». La normativa no ha cambiado todavía.

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