El Ayuntamiento de Valencia realizó el año pasado 300 contratos a dedo sin el control fiscal previo

El equipo de gobierno municipal, en un pleno. / irene marsilla
El equipo de gobierno municipal, en un pleno. / irene marsilla

El importe de las facturas que se pagaron sin contar con el visto bueno de la Intervención General ascendió a casi 800.000 euros

Isabel Domingo
ISABEL DOMINGOValencia

Un total de 300 contratos menores, comúnmente conocidos como 'a dedo', realizó en 2017 el Ayuntamiento de Valencia sin pasar el control fiscal previo, un mecanismo de vigilancia establecido por el Consistorio para supervisar las adjudicaciones mediante esta fórmula que es legal -está pensada para cubrir necesidades puntuales y excepcionales- pero cuyo uso se ha extendido en todas las administraciones públicas por la facilidad para asignar servicios a empresas o profesionales afines.

Esa fiscalización previa al contrato implica que antes de aprobarse la adjudicación del servicio tiene que existir un informe favorable de la Intervención General que acredite que el servicio municipal impulsor de la contratación ha seguido todo el proceso legalmente establecido para ello y que consta de varios pasos, desde la moción impulsora hasta el reconocimiento de la existencia de crédito suficiente.

De hecho, esa omisión a los trámites aprobados por el Consistorio la observación que se hace en los documentos del llamado servicio Fiscal Gastos, encargado de esta gestión. «El encargo se ha realizado prescindiendo del procedimiento establecido para el contrato menor en las vigentes bases de ejecución del presupuesto municipal (...)», se señala en los informes.

Ciudadanos reclama a Ribó que endurezca los controles sobre las adjudicaciones a dedo

Sin embargo, el grupo municipal de Ciudadanos denunció ayer que el equipo de gobierno de Joan Ribó aprobó el año pasado 300 contratos a dedo sin control fiscal previo de los 2.877 que se realizaron con está formula administrativa vinculada a importes inferiores a 18.000 euros en el caso de servicios y suministros o de 50.000 euros en caso de obras (sin IVA).

Una cifra que se traduce en 768.116,63 euros que no fueron fiscalizados antes de pagarse. Es decir, el pago se hizo directamente mediante aprobación en la junta de gobierno local al no existir el informe del servicio Fiscal Gasto. En total, el Consistorio cerró el ejercicio pasado con 13,78 millones en contratos a dedo, según los datos facilitados por Ciudadanos.

Cultura Festiva, Patrimonio Histórico, Recursos Culturales y Participación Ciudadana fueron las cuatro áreas que mayor gasto realizaron el año pasado sin contar con el visto bueno preceptivo. En el primer caso, el departamento que dirige el concejal Pere Fuset pagó 103 facturas sin el informe previo por un valor de 231.588,88 euros. Los otros tres departamentos cuentan con 45, 31 y 20 facturas sin fiscalizar, respectivamente.

Cultura Festiva acumuló el pasado ejercicio un centenar de facturas sin la fiscalización preceptiva

Ante esta situación, y tras conocerse que el equipo de gobierno ha suprimido el control fiscal previo para 2018, por lo que serán las concejalías quienes autorizarán directamente el contrato, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, reclamó al alcalde Joan Ribó, que endurezca los controles ante el temor a que el número de contrataciones a dedo se dispare. Se sumaba así a las críticas hechas por el grupo municipal del PP, cuyo portavoz, Eusebio Monzó, recordaba hace unos días el compromiso adquirido por el tripartito en un pleno de 2016 de reforzar la vigilancia sobre este tipo de contratos. «Vemos de nuevo una promesa incumplida», criticó Monzó.

Mientras, Giner calificaba de «desenfrenadamente caótica» la gestión de Ribó. «Lo que sucede es que como Ribó es incapaz de gestionar y de dotar a los diferentes servicios municipales de medios y personal, opta por la vía más fácil que es eliminar los controles», denunció.

Desde la concejalía de Hacienda se justificaba la decisión en la nueva Ley de Contratos del Sector Público ya que establece restricciones para que la administración recurra a esta modalidad.

Aprobado el nuevo reglamento del pleno

La comisión de Coordinación Jurídica del Ayuntamiento aprobó ayer, con la abstención del PP y de Ciudadanos, el nuevo reglamento orgánico del pleno, que recoge la posibilidad de pagar durante dos años a los exconcejales que no puedan trabajar por incompatibilidad. El reglamento, que tendrá que ser aprobado por el pleno, regula también el estatuto del concejal no adscrito, las comisiones de investigación, los derechos y deberes de los concejales o las atribuciones de la junta de portavoces. También aborda el debate sobre el Estado de la Ciudad, que obligatoriamente deberá celebrarse en el tercer trimestre del año salvo cuando haya elecciones municipales, ya que tendrá lugar el debate de constitución de la nueva Corporación.

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