El Ayuntamiento de Valencia gasta más de un millón de euros en estudios adjudicados a dedo

Se trata de adjudicaciones de obras, servicios y suministros mediante el contrato menor, una fórmula legal con trámites administrativos más sencillos y pensada únicamente para casos puntuales o excepcionales. Su uso entre las administraciones públicas se ha intensificado en los últimos años por la facilidad para contratar a empresas y profesionales afines. En el caso del Consistorio valenciano, además, a partir de este ejercicio se anula la obligatoriedad de realizar una fiscalización previa.

Entre esos 43 millones reconocidos por el Consistorio figuran 1,11 millones destinados a la elaboración de estudios e informes encargados por las distintas concejalías. En concreto, un total de 90 en los dos años del gobierno de Joan Ribó, de los que el grueso corresponden a las áreas de Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Desarrollo Humano, con 24, 16 y 15 encargos, respectivamente, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.

Por delegaciones, el ranking lo encabezan Agricultura, Huerta y Pueblos de Valencia (Consol Castillo, de Compromís), que supera los 125.000 euros en estudios; Energías Renovables y Cambio Climático (Roberto Jaramillo, València en Comú), con más de 100.000 euros; Conservación de áreas naturales y Devesa-Albufera (Sergi Campillo, Compromís), con casi 98.000 euros; y Turismo (Sandra Gómez, PSPV), con 70.844 euros. En el otro extremo, Protección Ciudadana e Igualdad y Políticas Inclusivas, con 9.000 y 1.399 euros en este tipo de gastos.

Desde el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia reclamaron esta semana «mayor transparencia» en el procedimiento de adjudicación de este tipo de contrataciones ya que «en algunos casos son estudios con un coste elevado que no tienen utilidad y, en otros, podrían realizarlos los servicios municipales», señaló el concejal popular Alfonso Novo, quien resaltó que no son contrarios a este tipo de documentos pero insistió en «más transparencia».

En este sentido, reclamó al equipo de gobierno de Joan Ribó que «cumpla con lo acordado en el pleno de enero del pasado año, cuando se aprobó por unanimidad una moción nuestra, con enmiendas del tripartito, para que los contratos se publiquen con los datos que exige la Ley de Transparencia». Además, Novo recordó que se creaba un registro de estudios e informes, con información sobre fechas, importes, objetivos y adjudicatarios, y se permitía su acceso a los miembros de la corporación.

De hecho, el pasado octubre, la edil Beatriz Simón llevó al pleno municipal una pregunta para saber por qué «sigue sin estar activado» el registro y en qué plazo se prevé que estará operativo. Fuentes de los populares recordaron que el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, cuenta con un registro similar desde noviembre de 2015.

Entre los 90 informes encargados por el Consistorio figuran temáticas muy variadas como el borrador del plan de usos de la Devesa, el seguimiento a los daños de los lepidópteros (mariposas), los aportes al lago de la Albufera o la mortalidad de la fauna en la CV-500 (la carretera de El Saler).

También hay documentos sobre el cambio climático (19.952 euros), la asistencia para una auditoría energética (16.481 euros), los hábitos deportivos en la población de la ciudad de Valencia (16.335 euros) o un estudio de imagen de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) entre los usuarios de las instalaciones deportivas (7.865 euros). La memoria de la FDM que preside la socialista Maite Girau presentada en mayo del año pasado ya recogía que en el servicio de Infraestructuras los contratos a dedo supusieron el 88% de las adjudicaciones en 2016.

Los estudios a dedo también abordan cuestiones como el mapa de temperaturas del cap i casal (13.975 euros); el análisis del plan de juventud (10.877 euros, adjudicado, además, a un edil de Podemos en Canals); un plan sobre aislamientos acústicos (21.767 euros); o un estudio previo para redactar el plan de cooperación (17.968,50 euros).