La auditoría de la Marina alerta del riesgo de colapso por falta de ingresos

Una parte de los amarres de la Marina, en una imagen reciente.
Una parte de los amarres de la Marina, en una imagen reciente. / jesús signes

Un juzgado impidió el embargo de los alquileres de los amarres, lo que habría supuesto el cierre de la única aportación de la entidad de la dársena

P. MORENO VALENCIA.

La auditoría realizada al Consorcio Valencia 2007, organismo gestor de la Marina, del ejercicio de 2016 pone negro sobre blanco todos los problemas financieros que arrastra la entidad. Incluso se deja muy claro el riesgo de colapso si no se soluciona la falta acuciante de ingresos, agravada por los embargos y la ausencia de una solución política para la deuda millonaria.

«El Consorcio continúa con la disminución sostenida de su patrimonio neto, con unos fondos propios negativos en 2016 de 285,3 millones de euros. Se reitera que esta tendencia, sostenida en el tiempo, provoca la incertidumbre sobre la capacidad financiera del Consorcio para continuar su actividad, y liquidar sus pasivos que son superiores a su activo real», se indica en uno de los apartados del documento.

Los auditores señalan que «la realidad de las aportaciones a realizar en el futuro por las Administraciones consorciadas, y el resultado de los litigios con el Banco Santander, condicionan la continuidad de la actividad del ente auditado».

Los embargos de los alquileres afectan ya a siete negocios situados en la dársena interior

Añaden que el Consorcio «podría dejar de actuar bajo el principio de empresa en funcionamiento y, como consecuencia de ello, el valor liquidativo de activos y pasivos podría tener un valor distinto al que se recoge actualmente en libros». Un panorama desalentador cuando no se ha producido ningún acuerdo entre el Gobierno y los otros dos socios de la sociedad, la Generalitat y el Ayuntamiento, acerca del pago de la deuda, avalada por el Instituto de Crédito Oficial y que ha pagado hasta ahora el Tesoro.

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, la Agencia Tributaria ha comenzado a notificar a empresas que los pagos que deben hacer al Consorcio están sujetos a embargo. Esto se debe a que pidieron en el juzgado de Primera Instancia número 7 lo que se llega una «demanda de tercería de mejor derecho», para anteponer sus peticiones a las del Banco Santander.

Esta entidad bancaria concedió dos créditos al Consorcio, el primero superior a los 60 millones de euros y el segundo de 12 millones. En julio de 2014 inició un procedimiento judicial por los impagos de estos préstamos que han supuesto hasta ahora el embargo de los alquileres que se cobran a Edem Escuela de Empresarios, Heineken España, Universal de Suministro SL, Consuhostel SL, Dos Lunas Beach SL, Baolí Valencia Sl y Lanzadera.

El 2 de diciembre de 2016 el Banco Santander, alegando insuficiencia de ingresos, solicitó mejorar los embargos requiriendo la relación completa de amarres, régimen de explotación y contratos vigentes. La solicitud fue denegada por el Secretario Judicial, lo que salvó a la entidad de una situación verdaderamente complicada, dado que es un ingreso seguro que completa las aportaciones patrimoniales.

Fotos

Vídeos