Las Provincias

Medio millar de alegaciones obligan a modificar el plan del litoral del Consell

Una playa de la Comunitat. :: j. monzo
Una playa de la Comunitat. :: j. monzo
  • La normativa incorpora una memoria económica para aclarar que la descalificación de suelo rural sin plan aprobado no genera indemnización

El Plan de Acción Territorial del Litoral (Pativel) ha recibido 455 alegaciones diferenciadas (3.081 escritos de reiteración), el 67% de ellas concentradas en los municipios de Alcalà de Xivert, Oliva y Benissa. De las 74 localidades que están en su área de actuación, 53 han alegado, pero 20 municipios lo hicieron de forma errónea ya que, en realidad, no estaban afectados por el plan que impulsa el Consell.

Son algunas de las cifras que ayer facilitó la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, durante el balance que realizó del periodo de exposición pública de esta normativa, al que a partir de mayo se dará continuidad con otro proceso de participación ciudadana al que se han incorporado las alegaciones.

De hecho, el volumen de las reclamaciones presentadas por particulares y por ayuntamientos ha obligado a la conselleria ha introducir una serie de cambios en el texto, de forma que, además, se da respuesta al 30% de las alegaciones.

En concreto, se incorporarán nuevas fichas de cada una de las zonas «con el objetivo de simplificar la información y así evitar las interpretaciones erróneas». Traducido: sólo se perfilarán las zonas 1 y 2 del Pativel y se eliminará la base del planeamiento que se había puesto como referencia por la confusión que había generado. Asimismo, se incorporará una ortofoto, además de la cartografía oficial, y cada ficha adjuntará una justificación sobre los valores por los que se cataloga el suelo como ecológico, cultural o agrícola, por ejemplo.

El segundo aspecto en la introducción de una memoria económica que incluirá un informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat (que recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo) para aclarar que la descalificación de suelo rural sin programa de actuación aprobado no genera indemnización «porque la posibilidad de urbanizar son sólo meras expectativas», resaltó Salvador.

Otra de las modificaciones será una nueva redacción del artículo 16, que hace referencia a las condiciones generales para el desarrollo urbanístico de los suelos del litoral, de forma que sea «más claro» y se eviten «las malas interpretaciones que se han producido». En este sentido, la consellera apuntó que de las 455 alegaciones contra el Pativel, un centenar estaban motivadas sobre este artículo. Es aquí donde hizo hincapié en que el plan no afecta a suelos que han sido urbanizados y tampoco a aquellos terrenos que la Ley de Costas protege como ocurre en los municipios de Xilxes, Oliva, Alicante y Santa Pola.

Demandas por 930 millones

Durante su intervención, Salvador también denunció que la «hipoteca urbanística por la mala gestión del PP» ha llevado a que en estos momentos haya en los tribunales demandas de responsabilidad patrimonial «que ascienden a 930 millones». En octubre del año pasado, la cifra era de 316 millones.

Esto se debe a que el Tribunal Supremo anuló planes aprobados por la conselleria porque no tenían en cuenta informes de las confederaciones hidrográficas o evaluaciones ambientales, atendiendo las reclamaciones de promotores y particulares. De ahí que, ante las quejas de municipios y propietarios por el Pativel y el temor a que se derribaran casas para convertirse en zonas verdes, Salvador asegurara que «seríamos kamikazes si llegáramos aquí con la inseguridad jurídica con la que trabajó el anterior gobierno».