Las Provincias

El Ayuntamiento deriva a dependientes a asesorarse con la plataforma de afectados

  • El Consistorio remite una carta al colectivo para instarle a contactar con la entidad y su gabinete jurídico, liderado por la ex secretaria autonómica de Servicios Sociales

«Ha querido colaborar, pero se ha precipitado en las formas». Así valora Antonio Llácer, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, la carta remitida por el Ayuntamiento de la capital al colectivo en la que invita a los afectados a contactar con la coordinadora de las plataformas y su gabinete jurídico privado para asesorarse. La concejal de Ciudadanos Amparo Picó va más allá y califica de «increíble e incoherente» que el Consistorio «derive a dependientes a una plataforma para recibir información en lugar de remitirles a los servicios sociales municipales», mientras que la edil de Servicios Sociales, Consol Castillo, explica que la intención del Ayuntamiento ha sido la de informar a los dependientes y «la mejor manera era mandando una carta».

En concreto, la Coordinadora de Plataformas de Dependencia de la Comunitat remitió a los ayuntamientos valencianos un escrito en el que les detallaba que los dependientes afectados por los recortes de la Orden 21/2012, que aplicaba el copago en centros de día, ocupaciones y residencias, entre otros, y reducía las prestaciones para cuidadores no profesionales, tienen el derecho a reclamar su devolución. Con ello, la entidad buscaba que los consistorios fueran conocedores de esta situación y dieran traslado a los respectivos colectivos de cada una de las localidades.

En el caso de Valencia, como confirmó la propia Castillo, el Ayuntamiento optó por remitir a los dependientes alrededor de un millar de cartas en las que reproducía un resumen de la información proporcionada por la coordinadora y en las que añadió, tal y como figura en la misiva, que «para cualquier otra información deben contactar con la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia a través de los siguientes medios». A continuación, detalla los correos electrónicos y los teléfonos móviles tanto de la entidad, indicando entre paréntesis el nombre de su presidenta Mari Carmen Prats, como del gabinete privado jurídico que colabora con la plataforma. Sobre este último, Llácer confirmó que se trata del gabinete de Sandra Casas, ex secretaria autonómica de Servicios Sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

«Por su cuenta»

Este portavoz explicó que el Ayuntamiento remitió la información enviada por la plataforma, «pero no tenían que haber puesto los teléfonos ni de Mari Carmen ni el del gabinete», en referencia al servicio jurídico de Casas. «Lo han hecho con buena fe, pero por su cuenta y sin decirnos nada a nosotros», añadió. Asimismo, lamentó que, al incluir los teléfonos, «ha estado todo el mundo llamando», lo que ha llegado a saturas estas dos líneas. Sobre ello, LAS PROVINCIAS trató, sin éxito, de localizar tanto a Prats como a responsables del gabinete de Casas en los citados teléfonos. En este último, hasta el buzón de voz estaba lleno. «Queremos hablar con Consol Castillo, porque ha querido colaborar, pero se ha precipitado en las formas», añadió Llácer.

Por su parte, Amparo Picó indicó que, en lugar de remitir estas cartas y derivar dependientes a la plataforma, el Ayuntamiento «debería tener un servicio de información eficaz». «Y lo más grave, es que se deriven a un bufete de abogados privado cuya titular es Sandra Casas; esto es algo irresponsable, no es un actitud seria», denunció la edil del partido naranja.

«El Ayuntamiento tienen que dar una verdadera respuesta directa y efectiva, una verdadera atención personalizada, debe estar al servicio de los ciudadanos, pero no podemos estar en esto. Una vez más se comprueba que la actitud del tripartito es muy lamentable», criticó la concejal de Ciudadanos, quien anunció que en la próxima comisión de Desarrollo Humano preguntarán sobre las gestiones que ha hecho el área de Servicios Sociales para difundir la citada información, si la ha trasladado a los servicios sociales municipales, si ha delegado esta labor en las plataformas de dependientes y si, por último, ha distribuido el teléfono de una gabinete jurídico.

Por su parte, Consol Castillo indicó que la plataforma envió esta comunicación al Ayuntamiento para que le ayudara a difundir la información, por lo que «hacemos extensivo el mensaje», ya que «hay una gran masa de gente que lo desconoce». Sin embargo, cuando se detectó la problemática y tras el aluvión de llamadas «empezamos a redirigir a los afectados directamente a la conselleria».

La concejal de Compromís también recalcó que los servicios sociales municipales «sí están informando a los usuarios que se acercan a los centros» sobre el derecho a reclamar el copago y subrayó que desconocía que el teléfono del gabinete jurídico privado de la plataforma es el de Sandra Casas. «Si lo hubiese sabido, y para evitar el revuelo, los problemas y las interpretaciones, no habría incluido los teléfonos», admitió. Asimismo, apuntó que, tras el envío de las cartas, «me llamó Sandra Casas, y también le había sobrepasado» la cantidad de llamadas.