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Ofensiva judicial para defender los conciertos educativos

La polular María José Catalá asegura que los nuevos criterios de acceso y renovación «no resisten un análisis de legalidad»

EP

Domingo, 22 de enero 2017, 23:50

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La vicesecretaria de Política Social del PPCV, Maria José Català, anunció ayer que la formación estudiará emprender acciones legales contra el decreto que regula los conciertos educativos aprobado por el Consell y contra el proceso de acceso y renovación de conciertos posterior.

Català señaló que el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, «ha abierto una guerra que perderá en los tribunales. Lo lamentable es que por el camino hará daño a muchas personas. Nosotros vamos a dar la cara por las familias y por la libertad siempre», incidió, al tiempo que ha apuntado que los nuevos criterios de renovación y acceso a conciertos «no resisten un análisis de legalidad».

La también portavoz adjunta del PP en las Corts afirmó que «la jurisprudencia sobre el tema ha establecido de forma expresa que los centros privados concertados poseen la garantía institucional constitucionalmente expresada y legalmente reconocida y la existencia o no de plazas en la educación pública no puede condicionar la existencia o no de concierto», indicó.

Por otro lado, María José Catalá resaltó que la LOMCE otorgó a la demanda social la protección de una ley orgánica, de modo que la libertad de elección de las familias está blindada.

«Con Compromís volvemos a la educación de los años 80, cuando los conciertos educativos eran subsidiarios de una educación pública que necesitó de la escuela concertada para prestar un servicio de calidad y equitativo», comentó.

A su juicio, la coalición «olvida que la educación ha cambiado mucho, las familias han querido ser protagonistas de la educación de sus hijos, los ciudadanos han sido empoderados y quieren elegir», ha insistido.

Según Català, la jurisprudencia reconoce expresamente que el principio de subsidiariedad que inspiró la aparición de los conciertos educativos no es aplicable ni al contexto actual ni a la normativa vigente, «que protege y ampara la red concertada y los derechos de las familias a elegir», ha defendido.

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