Las Provincias

El concejal Vilar, en un pleno del Ayuntamiento. :: irene marsilla
El concejal Vilar, en un pleno del Ayuntamiento. :: irene marsilla

Valencia debe convencer a 12 ciudades para pedir que la Iglesia pague IBI

  • La aprobación de la propuesta por la Federación de Municipios tiene que recibir ese apoyo en la Junta General y el visto bueno de una comisión

La intención del Ayuntamiento de Valencia, liderada por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) impulse la propuesta de que la Iglesia pague IBI por todos sus edificios a los que dé un uso comercial dista mucho de materializarse. De hecho, aún debe superar un sinfín de escollos antes de que el dictamen surja de la Federación, entre ellos que la medida sea finalmente aprobada por el Gobierno central, único con competencias en materia fiscal.

El primer 'obstáculo' a superar es que el propio Consistorio está aún «estudiando» la propuesta, como confirmó el propio edil. Desde la FEMP constataron ayer no tener aún «noticia alguna» de la proposición. Una vez llegue al organismo nacional, el asunto debe superar hasta tres estamentos antes de salir de la Federación con el formato de una petición o recomendación al Ejecutivo.

En primer lugar, tras ser presentado por el Ayuntamiento de Valencia, la proposición de que se inste a la Iglesia a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles pasaría por manos de una comisión especializada. Este órgano puede ya desestimar la petición del Consistorio, lo que haría fracasar la propuesta en el primer escalón de la FEMP. En caso de aprobarla y considerarla materia de debate del ente que da voz a todos los municipios y provincias de España, esta pasará a la Junta de Gobierno, el primer órgano de representación de la entidad. Y aquí es donde deberán demostrarse las dotes negociadoras o de convicción del Ayuntamiento con su propuesta, pues de los 25 integrantes de la Junta, la medida debe ser aprobada por mayoría simple, con lo que 13 representantes deben votar a favor de la instancia de Valencia.

En la Junta hay dos representantes de la Comunitat, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y que como integrante del Partido Popular se inclinaría salvo sorpresas por el voto en contra, y el alcalde de Torrent, Jesús Ros, un histórico socialista que sí respaldaría la medida. Analizando el resto de vocales presentes en la Junta, hay hasta 12 pertenecientes al Partido Socialista y otro de Izquierda Unida, lo que podría inclinar la balanza hacia las intenciones del Ayuntamiento de Valencia.

Sin fecha

En cualquier caso, si la petición de que la Iglesia pague por el IBI pasara este corte, aún debería superar el trámite del Consejo Territorial, el órgano superior de la Federación e integrado por 118 miembros. Aquí el debate sería más intenso, tal y como señalaron fuentes conocedoras del organismo nacional. La fecha en la que se someterá a votación la propuesta, una vez se materialice desde el Consistorio valenciano, es aún un misterio. Las comisiones se reúnen una vez al mes, aunque no hay prevista aún la sesión de ninguna de ellas, todavía en un compás de espera tras la reciente renovación del Ejecutivo.

En la Comunitat ya ha habido pronunciamiento de instituciones públicas en polémicas previas sobre el cobro del IBI a la Iglesia. Hace justo un año, en noviembre de 2015, la Diputación de Valencia señaló que el Patronato del Santísimo Cristo y la casa abadía donde reside el párroco de l'Alcúdia de Crespins continuarían exentos del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Así lo determinó la Diputación en un informe que solicitó el Ayuntamiento para saber si podía eximir de esta exención a los inmuebles propiedad de la Iglesia donde no se practica el culto. La entidad provincial alegó que tienen derecho a que se les siguiera aplicando la exención en el padrón de 2016, ya que «no han variado las circunstancias respecto a la titularidad catastral y el uso de los inmuebles».

La liberación del pago de los impuestos municipales viene otorgada por el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos que recoge que los locales destinado a la actividad pastoral (como es el caso del Patronato) o las residencias de los sacerdotes (la casa Abadía) tienen exención total y permanente, según especificaba el informe de la Diputación que dio respuesta a la consulta del Ayuntamiento.