Las Provincias

La oposición da el primer paso para obligar al PP a suprimir las reválidas

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, durante el pleno de ayer del Congreso de los Diputados. :: ballesteros/efe
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, durante el pleno de ayer del Congreso de los Diputados. :: ballesteros/efe
  • El Gobierno ignora la exigencia política de la Cámara y se limita a confirmar que congelará su valor académico por tiempo indefinido

El Congreso de los Diputados, con los votos a favor de todos los grupos salvo el PP, dio ayer el primer paso para obligar al Gobierno a renunciar a su intención de poner en marcha este curso las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato, unas pruebas que también rechaza la mayor parte de la comunidad educativa.

El 60% de los diputados del pleno, todos menos los populares, aprobaron comenzar a tramitar una proposición de ley del PSOE que suspende la aplicación del calendario de la Lomce, que la propia norma incluye en su texto, así como de todas la normas dictadas para su puesta en marcha que aún no hayan tenido una aplicación efectiva, como es el caso del decreto de 29 de julio pasado que reguló la implantación en este curso de ambas reválidas.

El texto, que ahora tendrá que iniciar su fase de enmiendas y que podría no aprobarse ni tener valor efectivo antes de la próxima primavera, también reclama al Ejecutivo el comienzo de una negociación con los partidos, las administraciones autonómicas y la comunidad escolar para que remita al Congreso una nueva ley educativa que derogue la Lomce, una norma aprobada en 2013 por el PP con el rechazo de todos.

Con independencia del resultado final de la tramitación de la ley, el mensaje que ayer quiso transmitir toda la oposición al Gobierno fue doble. Por un lado, que no le valen las medias tintas ni que el Ejecutivo se comprometa a aprobar una moratoria indefinida -mientras se negocia un pacto educativo- durante la que las reválidas no tendrán valor académico (no será necesario aprobarlas para titularse en ESO y Bachillerato). No aceptarán nada, insistieron, que no sea la renuncia a la implantación de estas pruebas. Solo Ciudadanos se dio por satisfecho con la moratoria. Por otro, dejaron claro al PP que para que el debate para alcanzar un pacto nacional por la educación, que podría comenzar el mes próximo, tenga algún viso de éxito tiene que asumir ya la renuncia a las reválidas y que los aspectos más polémicos de la Lomce tienen que ser derogados. Lo contrario, indicaron, haría casi imposible la posibilidad de acuerdos.

De hecho, los socialistas ya avanzaron que en la fase de enmiendas de la ley que ha comenzado a tramitarse exigirán el final de los conciertos con centros privados que segregan a sus alumnos por sexos, el retorno al carácter no evaluable de la asignatura de religión, la recuperación de la prueba de selectividad para el acceso a la universidad, que sean los consejos escolares y no la Administración quienes nombren a los directores de los centros escolares, y que los alumnos de FP básica puedan continuar estudios hasta titularse en ESO, entre otros.

La prueba de ESO, en duda

El ministro de Educación, que hizo uso de su prerrogativa de intervenir en el pleno al término del debate de toma en consideración de la ley, ignoró la exigencia política del resto de grupos para que renuncie a la implantación de las reválidas y dio a entender que cree que esta ley, si es que se aprueba algún día, carecerá ya de todo valor porque habrá sido superada por las conversaciones para un futuro pacto educativo. Adelantó que comparecerá ante la Cámara a finales de este mes y que espera que para primeros de diciembre ya esté constituida la subcomisión del Congreso que intentará el pacto nacional por la educación.

Méndez de Vigo se limitó a repetir el compromiso de investidura de Mariano Rajoy, que el valor académico de estas pruebas quedará paralizado no solo este curso sino por tiempo indefinido (mientras se negocia). De hecho, confirmó que en las primeras semanas de diciembre el Gobierno aprobará un decreto ley que así lo establecerá. Sin embargo, el PSOE anticipó que si ese decreto no recoge la renuncia a la implantación de las reválidas no lo convalidará y que duda que lo haga la mayoría del Congreso.

Pese a sus palabras en el pleno, el ministro dio a entender en declaraciones en los pasillos que estaba dispuesto a discutir con las comunidades autónomas, en la conferencia sectorial que se celebrará este mes, su demanda de que este año no se implante la reválida de la ESO, pero no confirmó que lo vaya a aceptar.