Las Provincias

Los jueces aplicarán prórrogas de dos años para desahuciados sin recursos

  • Alertarán a servicios sociales de los casos de más riesgo en busca de soluciones para evitar que acaben en la calle

«Ningún valenciano puede perder su vivienda como consecuencia de un procedimiento judicial». Es la declaración de intenciones que ayer realizó la consellera de Justicia Gabriela Bravo. Lo hizo tras la firma de un convenio a tres bandas entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y provincias por el que los jueces podrán aplicar prórrogas de hasta dos años en desahucios de personas sin recursos mientras los servicios sociales autonómicos o municipales buscan soluciones para que los afectados no se vean en la calle.

El conjunto de medidas fue rubricado ayer en Valencia por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el del CGPJ, Carlos Lesmes. Llega tras los nefastos datos sobre desahucios que sitúan a la Comunitat como la región en la que más están aumentando, con casi 3.000 familias expulsadas de sus casas en el segundo trimestre del año pasado.

Según explicaron fuentes de Justicia, el convenio ya se ha puesto en práctica «con buenos resultados» en Andalucía, Aragón y Galicia. Opera al margen de la moratoria gubernamental que concluye en mayo del año próximo. A grandes rasgos, capacita a los jueces para detectar aquellos casos de desahucios en los que los propietarios o inquilinos quedan en una situación precaria, abocados a la calle, con el compromiso de alertar a los servicios sociales autonómicos o municipales para que busquen una solución. De algún modo, los jueces se convierten ahora en supervisores del proceso asistencial a las familias más desfavorecidas.

El documento reconoce todavía la influencia de la «crisis económica», tanto sobre propietarios incapaces de asumir el pago de préstamos hipotecarios como de aquellos que han optado por el alquiler. Y admite la «necesidad de abordar conjuntamente medidas que den respuesta a las situaciones de vulnerabilidad».

La intervención judicial llegará sólo «en aquellos supuestos en los que se observe una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social». En este caso, el juez lanzará la alerta: «Comunicará la circunstancia a los servicios sociales de la Generalitat, dependientes de Igualdad y Políticas Inclusivas, o de los ayuntamientos».

El objetivo es que las administraciones «adopten la decisión oportuna y, si se cumplen los requisitos, se incluya a los afectados por la pérdida de la casa en los programas de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias gestionados por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)», dependiente de la Conselleria de Vivienda.

Un registro informático

Los órganos judiciales se comprometen a integrar a los abogados en el convenio y a confeccionar con la Generalitat un registro informático que permita un control de las actuaciones. Según fuentes de Justicia, los magistrados podrán paralizar los desahucios hasta dos años en espera de conocer la respuesta de los servicios sociales a los casos derivados. Si transcurrido el tiempo de aplazamiento la familia en cuestión ya cuenta con una vivienda garantizada por los servicios sociales, se dará curso judicial al desahucio.

Al mismo tiempo, la Generalitat adquiere el compromiso de facilitar a los juzgados de la Comunitat «toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales». Y, lo que es más importante, promete dar «una respuesta inmediata y tramitación urgente a las situaciones de vulnerabilidad» que conozcan a través de los juzgados. La misma premura en la resolución de expedientes se exige a los ayuntamientos.

El protocolo incluye un órgano mixto de vigilancia que estará integrado por dos representantes de la Generalitat, otros dos designados por el CGPJ y dos más de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Esta comisión deberá reunirse cada seis meses con el fin de «garantizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar la experiencia».