Las Provincias

El tripartito achaca al PP las licencias a 75 años en el Mercado Central

La cúpula del Mercado Central. :: damián torres
La cúpula del Mercado Central. :: damián torres
  • Un juzgado investiga la autorización de dos traspasos de comercios ya que la ordenanza municipal actual fija el plazo máximo en 20 años

El Ayuntamiento de Valencia atribuyó el jueves a la gestión del anterior equipo de gobierno municipal las concesiones de puestos en el Mercado Central a 75 años que investiga un juzgado de la ciudad tras la denuncia presentada por un comerciante ante lo que considera irregularidades en la gestión, como avanzó el jueves LAS PROVINCIAS.

La querella, por la que el juzgado ha incoado diligencias previas al apreciar que los hechos relatados en el escrito de denuncia pudieran ser constitutivos de delito, recoge que se han autorizado traspasos de concesiones hasta los años 2082 y 2084, cuando la actual ordenanza municipal de mercados del Consistorio -que data de 2004- impide plazos que superen los 20 años, como recoge el artículo 57. Es decir, que el periodo de concesión que se va a investigar abarca un periodo de 66 y 68 años.

Ante esto, fuentes municipales explicaron el jueves que las licencias recogidas en la denuncia se concedieron en los años 2007 y 2009, cuando gobernaba el Partido Popular. Así, fueron concesiones por un plazo de explotación de 75 años al tomar como referencia las fechas de finalización (2082 y 2084) que se recogen en los dos expedientes de traspaso firmados por el actual concejal de Comercio, Carlos Galiana, el pasado mes de febrero. Es decir, superaron el plazo establecido en la ordenanza municipal.

Las mismas fuentes comentaron que el trámite del traspaso «es correcto» dado que se ajusta al procedimiento legal establecido en la ordenanza que regula los mercados. Así, el artículo 69 recoge que «el traspaso de un puesto permitirá al adquirente explotarlo por el tiempo que reste del concedido al referido puesto en su adjudicación», es decir, los 66 y 68 años a los que hace referencia el denunciante en su querella.

Sin embargo, durante la tramitación del cambio de propietario ningún técnico municipal observó que los plazos excedían las dos décadas que marca la normativa. Por este proceso administrativo el Ayuntamiento percibió 600 y 1.000 euros «en concepto de participación municipal sobre el precio declarado», según recoge uno de los puntos de la resolución firmada a comienzos de febrero.

Con anterioridad a 2004

Sobre esto, desde el Ayuntamiento apuntaron que no se ha valorado todavía si se iniciará una investigación para determinar los motivos que llevaron a permitir concesiones a 75 años cuando la ordenanza vigente (en el momento de las licencias iniciales llevaba tres años en vigor) no lo permitía. En este sentido, recordaron que la norma anterior a 2004 sí que autorizaba concesiones de 100 años en los mercados municipales.

Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico indicaron que el convenio de autogestión del Mercado Central permitía licencias a 50 años, por lo menos hasta que entró en vigor la ordenanza actual que, además, está en proceso de revisión. De hecho, apuntaron que podría haber algún otro puesto cuya concesión tampoco se ajusta al periodo marcado para el resto de puestos del mercado.

En la denuncia, de la que todavía no tiene constancia el Consistorio según señalaron, el querellante considera que las «irregularidades» exceden del ámbito administrativo y constituyen un delito de prevaricación al dictarse una resolución «injusta y arbitraria» siendo los autores conocedores de su ilicitud. «Estos comportamientos van indudablemente más allá de la esfera administrativa, constituyendo todo un ilícito penal, ya que las resoluciones objeto de esta querella se redactan con conocimiento de su injusticia, arbitrariedad, parcialidad y favorecimiento ilegítimo».

Fuentes municipales también recordaron que el denunciante tiene abierto un contencioso con el Ayuntamiento por el expediente que se tramita de cierre de su negocio al haber incumplido una serie de aspectos contemplados en distintas ordenanzas. Entre ellos, ejercer una actividad que no corresponde con el epígrafe para el que se solicitó la licencia de actividad o disponer de una terraza.