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Un juez condena al Ayuntamiento de Valencia a pagar 5 millones de euros a 2.000 policías y bomberos

Un juez condena al Ayuntamiento de Valencia a pagar 5 millones de euros a 2.000 policías y bomberos

La sentencia obliga al Consistorio a abonar 1.750 euros más intereses de demora a quienes lo soliciten en concepto de complemento de peligrosidad

Lola Soriano

Jueves, 3 de noviembre 2016, 21:06

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El juzgado número 7 de lo Contencioso ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a pagar el complemento específico de peligrosidad a policías y bomberos del cap i casal. La sentencia da la razón a un agente que denunció el caso y ahora los casi 2.000 bomberos y policías que conforman el Cuerpo podrán presentar la ejecución de sentencia, eso sí de forma individual. El Ayuntamiento deberá pagar un total de 5 millones de euros con la fecha límite de diciembre.

Desde el sindicato SIPOL, que coordinará la petición de los agentes, explican que el problema se remonta a 2011. "Los sindicatos representados en la mesa general negociaron en el convenio el pago de 25 euros al mes por peligrosidad profesional, pero no se abonó por los recortes del Gobierno Central", según Salvador Gimeno, secretario general del SIPOL-CV. Añaden que en 2015, previa negociación con sindicatos con la concejalía de Personal, "se aprobó el abono de 700 euros, es decir una parte de la deuda total de 1.750 euros por trabajador, pero se incluyó en concepto de productividad, y no como complemento específico, que era lo correcto".

Según Gimeno, con esta medida "el Ayuntamiento hacía 12 pagos en lugar de 14. En 2014 notificamos al Ayuntamiento la ilegalidad, pero como hubo silencio administrativo, un agente lo denunció y ahora la sentencia le da la razón".

Ahora el juez no tiene en cuenta los 700 euros abonados con anterioridad, por haber computado como productividad, y ahora «la sentencia obligan al Consistorio a pagar 5 millones de euros, ya que lo hacían de forma incorrecta para ahorrarse dos pagas. Tendrán que pagar los 1.750 euros a cada trabajador más los intereses de demora», según Salvador Gimeno, secretario general del SIPOL.

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