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IRENE CALVO
Martes, 25 de octubre 2016, 23:38
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La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por la vicepresidenta Mónica Oltra, recurrirá a la gestión privada para ampliar la red de residencias de mayores sostenidas con fondos públicos y poder dar cobertura a las cerca de 3.400 personas que todavía están a la espera de entrar a una de ellas. Así lo anunció ayer Oltra en la presentación del Plan de Reordenación del Sector Residencial para personas mayores, una medida que choca con las decisiones del Consell en otros departamentos, como Educación o Sanidad, con las que el actual gobierno parece no potenciar la colaboración público-privada a través de conciertos o concesiones.
En este caso, a partir del próximo año la Conselleria procederá a la concertación de 3.300 plazas de accesibilidad en un concurso abierto a todas las empresas del sector. En él se incorporarán, según anunció la vicepresidenta del Consell, cláusulas sociales y cláusulas antimonopolio, así como también se reducirá a un 35% el peso otorgado al criterio del precio de la plaza para realizar las adjudicaciones. El objetivo, según la consellera, será «primar la calidad por delante del precio» que tendrá que asumir Igualdad y poder ofrecer «unas condiciones laborales dignas para los profesionales de los centros».
Para la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) esta medida contemplada en el plan de reordenación del sector residencial es «lógica», ya que «el 80% de centros para personas mayores son de titularidad privada, por lo que es una solución lógica contar con el sector privado». Los datos facilitados a ese respecto por la Conselleria revelan que en la actualidad hay 10.508 personas en residencias sostenidas con fondos públicos -no necesariamente de titularidad pública- y otras 3.196 personas que requieren ayuda para costearse la residencia. Por su parte, Aerte concretó que en la Comunitat hay en total aproximadamente 26.600 plazas disponibles para personas mayores, de las cuales 21.000 corresponden al sector privado. Del cruce de cifras entre Conselleria y Aerte se deduce, según Aerte, que alrededor de 16.000 plazas «no están sostenidas hoy con fondos públicos».
A la radiografía de las plazas en residencias en la Comunitat hay que sumar la existencia de 2.158 plazas residenciales ilegales de las que la consellera matizó que «no vamos a sacar a ninguna persona de ellas porque el impacto que se le causa no está justificado desde el punto de vista humanitario y el usuario no tiene que pagar una irregularidad que se cometió con el anterior gobierno». Por eso, Igualdad no eliminará estas plazas, pero tampoco las irá cubriendo. Y eso a pesar de que «bajas hay todos los días». Por eso, en parte, se ha optado también a la concertación de las 3.300 plazas de accesibilidad, según Oltra.
El programa impulsado por Igualdad para presentar el plan de reordenación del sector, llamado 'Queda't a prop', incluye otras medidas como el cambio de modelo de la subvención al concierto en las residencias del Tercer Sector, las entidades sin ánimo de lucro que ofrecen el servicio para las personas mayores. En este caso, Igualdad creará un concierto social al que se podrán acoger las 1.363 plazas que actualmente gestionan estas entidades con el objetivo de «incrementar la estabilidad y reducir la burocracia».
Además se ampliarán las plazas municipales concertadas, que crecerán en 547 centros de día y en 137 centros diurnos. También se pondrá en marcha un plan de infraestructuras para construir nuevos centros de residencias al haber pasado casi 20 años, según Oltra, de la construcción de la última residencia de gestión pública, que fue La Florida en Alicante. Este plan contemplará un cambio de concepción arquitectónico de las residencias, que serán más pequeñas, y para llevarlo a cabo se prevé incrementar el presupuesto un 11,5% para la mejora y acondicionamiento de centros hasta alcanzar los 3,1 millones de euros.
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