Las Provincias

Una protesta exige al Consell que frene la derogación de la ley de maternidad

Algunos de los participantes en la concentración de ayer en el Parterre. :: jesús signes
Algunos de los participantes en la concentración de ayer en el Parterre. :: jesús signes
  • Cerca de 3.500 mujeres embarazadas o con recién nacidos se han beneficiado de las ayudas previstas en la normativa

«Ni un paso atrás». Este fue el cántico que más se escuchó ayer en el Parterre, en una concentración con la que distintas entidades quisieron dar visibilidad a su rechazo a la decisión del Consell de derogar la Ley de Protección de la Maternidad, normativa autonómica aprobada en 2009 para «evitar el desamparo social que a veces sufre la mujer embarazada» y crear «una red que dé cobertura y apoyo a estas mujeres», en especial a las que se encuentran en situación de exclusión sociolaboral, social, las menores de edad o aquellas con alguna discapacidad.

Más de un centenar de personas participaron en la protesta convocada por el Foro Valenciano de la Familia, Provida Valencia, Torrent Sí a la Vida y la Fundación +Vida para evitar que la Generalitat elimine la primera norma valenciana nacida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y para la que se recogieron más de 100.000 firmas (se presentaron 86.000). Esta ley, según explicaron ayer María José Torres, presidenta de Provida Valencia, y Amparo Baviera, su homóloga de Torrent Sí a la Vida, permite que el niño que espera una mujer embarazada cuente con un miembro más de la familias, por ejemplo, para optar a ayudas por familia numerosa, solicitar plaza en una guardería y el bono infantil, bonificaciones fiscales y, sobre todo, otorga ayudas económicas para la atención de embarazadas o mujeres con bebés de hasta un año a través de asociaciones especializadas.

En concreto, según cálculos de Provida, la aprobación de la ley ha permitido que se beneficien de estas ayudas cerca de 3.500 mujeres, pese a que la normativa no llegó a desarrollarse en su integridad. Precisamente, este es uno de los argumentos esgrimidos por el nuevo Consell para derogarla. Por contra, como explicó Vicente Morro, representante del Foro de la Familia, «es un derecho adquirido y queremos que se cumpla y se dote presupuestariamente».

Torres, por su parte, apuntó que, aunque no se aplicó en toda su plenitud, sí que se impulsaron, por ejemplo, unas ayudas concretas para los primeros días tras el nacimiento; aunque la partida «al año pasado se redujo y este año ni siquiera se ha aprobado», lamentó.

La diputada de Compromís María Josep Ortega indicó a mediados de julio que «fue una ley ideológica que únicamente fue apoyada por el PP, profundamente machista y reaccionaria», y que «atentaba contra la libertad de las mujeres desde una posición paternalista». El objetivo de la norma, en su opinión, «no era defender a las embarazadas, sino una forma de ver el mundo que está caducada».

Frente a este argumento, desde las asociaciones convocantes indicaron que «para ser libres para elegir, las mujeres tienen que tener todas las opciones a su alcance y recursos para saber que no tienen por qué abortar». Ahora, las entidades esperan que se pueda frenar el trámite parlamentario que derogará finalmente la ley, previsto para finales de noviembre. «Y si no, acudiremos al Síndic de Greuges o presentaremos otra ILP», advirtió Morro.