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B. ORTOLÀ
Sábado, 22 de octubre 2016, 23:44
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La tranquila comunidad del municipio de la Vall de Gallinera, situado en la Marina Alta, se ha visto truncada por un conflicto entre algunos vecinos y el equipo de gobierno local con el club de cazadores de la zona. Los primeros acusan a esta asociación de «cometer ciertas ilegalidades» a la hora de realizar batidas de caza mayor.
Según explican, no informan ni señalizan «de forma correcta» dichas cacerías en el término municipal. Además, «no se respetan los límites del coto privado de caza», apunta el alcalde, Toni Pardo. Al parecer, algunos residentes han sido testigos de cómo los cazadores atraviesan, junto a sus rehalas, zonas abancaladas donde se está trabajando, unos espacios «que no están dentro del coto». También afirman que durante estas batidas los miembros del club de caza cierran el paso de diferentes caminos y sendas, impidiendo que los residentes y turistas puedan llegar a zonas como el Castell de Benissili o la Foradà.
Uno de los casos más graves lo relata una vecina, que afirma que ha encontrado perdigones a escasos metros de su casa. Además, asegura haber visto a varios cazadores «disparar a escasos metros de un camino, algo que la normativa no permite». La misma residente señala haber visto a cazadores realizando batidas «fuera del periodo permitido».
A estas acusaciones se suma otra económica, ya que el alcalde remarca que el club no paga al Consistorio por utilizar este coto, donde algunos de sus espacios son de propiedad municipal.
Estas duras críticas han tenido respuesta de los cazadores a través de un comunicado de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana. En este escrito acusan al alcalde de la Vall de Gallinera de «no ajustarse a la realidad». La propia federación certifica que el club de caza «cumple todos los requisitos exigibles en cuanto a la celebración de jornadas de caza de jabalí en sus diferentes modalidades». Apuntan, además, que la Conselleria de Medio Ambiente y agentes del Seprona «lo han ratificado a requerimiento expreso del consistorio».
En el comunicado respaldan las palabras del secretario del club de caza, quien asegura que se cumple «con rigurosidad toda la normativa vigente al respecto» y se vela «por la seguridad de terceros, señalizando la zona acotada de caza». Además, explica que se mantiene «un talante colaborador y dialogante con el ayuntamiento» y afirma que se pone en su conocimiento «todas las prácticas cinegéticas de caza mayor que se realizan en el municipio».
En cuanto a las acusaciones por no pagar por la utilización del coto en las batidas, se remiten a un acuerdo que pactaron con el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera, por el que se concedía la cesión para cazar en la zona que abarca dicho coto. Asimismo, desde el club inciden en que pagan a la federación mensualmente la cuota correspondiente.
Por todo ello, la federación de cazadores solicita al primer edil que rectifique sus declaraciones, «que dañan gravemente la imagen del club y la de todos los cazadores locales». En el escrito la federación señala que se reserva, en última instancia, «la posibilidad de emprender acciones judiciales».
Tras estos comentarios, el alcalde reitera que el club «dejó de pagar por la utilización del coto en el año 2002». En cuanto a la concesión en la que se amparan los cazadores, Toni Pardo confirma que dicho acuerdo entre el ayuntamiento de la localidad y la asociación concluyó «unos años antes de que los cazadores dejasen de pagar».
También ofrece una versión bien distinta respecto a otros aspectos de la polémica, y afirma que el consistorio «lleva tiempo sin recibir solicitudes ni notificaciones para cortar caminos o sendas para realizar las batidas».
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