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Las ayudas públicas generan una inversión privada de seis millones en el Cabanyal

Futura sede de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, en Amparo Guillem, 4. :: plan cabanyal
Futura sede de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, en Amparo Guillem, 4. :: plan cabanyal
  • El Ayuntamiento aprueba destinar 1,6 millones para la reforma de otros once inmuebles en la zona más degradada con fondos de la Generalitat

Las ayudas públicas concedidas en los últimos meses por parte del Ayuntamiento con fondos del Ministerio de Fomento y la Generalitat para reformar viviendas en el Cabanyal han conseguido generar una inversión privada de seis millones de euros. Esto se debe a que las subvenciones no cubren todo el presupuesto y las comunidades de vecinos deben aportar el resto.

Este efecto de arrastre es una de las consecuencias más beneficiosas para reactivar el barrio y han supuesto por ejemplo la contratación de 140 arquitectos, según el balance difundido ayer por la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar. La entidad pública cambió sus estatutos este mandato para poder realizar obras de reforma y construcción de nuevas viviendas, entre otras.

El director gerente de la sociedad, Vicent Gallart, detalló que las ayudas públicas en las dos convocatorias del Plan ARRU han sumado unas subvenciones de 3,88 millones de euros. Esto ha superado las previsiones por completo, dado que se había estimado una inversión privada de 4,6 millones. En total, se han presentado solicitudes para rehabilitar 564 viviendas.

La ubicación en el mapa de estos edificios refleja que se extienden prácticamente por todas las calles, aunque donde hay más interés es en recuperar la zona degradada, donde estaba fijada la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. En la llamada 'zona cero' abundan los solares y las casas ocupadas ilegalmente.

El balance dado por la empresa Plan Cabanyal coincide con dos expedientes aprobados en la junta de gobierno del Ayuntamiento. El primero y más importante es el encargo dado por la delegada de Gestión del Patrimonio, María Oliver, a la empresa Plan Cabanyal para el desarrollo de 12 proyectos para otras tantas obras de rehabilitación, una para un local de uso vecinal en el barrio Llamosí-Remonta, en la calle Antonio Juan, 19. El resto, viviendas de propiedad municipal. Esto último supondrá que el Consistorio dispondrá de un total de 22 viviendas para alquilar.

Las casas se encuentran en la calle Virgen Vallivana, 6; los números 25, 52 y 111 de la calle San Pedro, así como el 192, 196 y 199 de la calle Escalante. La relación sigue con la calle Montroy, 1; el 163 de José Benlliure, el número 3 de la calle Amparo Guillem y el edificio formado por el número 33 de San Pedro y el 20 de la calle Luis Despuig. El presupuesto conjunto asciende a 1,6 millones de euros y procede de la recolocación de fondos del Plan Confianza de la Generalitat.

Gallart comentó que ahora se actuará de la misma manera que en la decena de edificios en proceso de rehabilitación. «Llamaremos a tres arquitectos para cada uno de los inmuebles», señaló al referirse a la bolsa de trabajo creada hace meses donde se eligen a los profesionales a los que se adjudicará los encargos. Con el fin de agilizar los plazos ya se ha enviado una especie de preaviso a los despachos a los que ahora se pedirá formalmente presupuesto.

La previsión era que las subvenciones del Plan ARRU llegasen a 300 viviendas, mientras que se ha llegado a las citadas 564 casas. Las obras supondrán la mejora de elementos comunes, cubiertas, canalizaciones, fachadas y hasta ascensores.

A esta financiación se une la inversión pública, por una parte dentro del Plan ARRU, con 1,47 millones de euros del Consistorio para la rehabilitación de la citada decena de inmuebles. Seis de ellos están ocupados ilegalmente, aunque los arquitectos han podido entrar en tres para elaborar los proyectos.

La lluvia de millones de dinero público se completa con 15 millones de fondos de la Unión Europea para los próximos cinco años, concedidos hace poco y que servirán para afrontar mejoras tanto en vivienda como en ayudas al comercio y movilidad, entre otras.