Las Provincias

Puig garantiza la continuidad de todas las prestaciones en el Hospital de Alzira

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, en Les Corts. :: EFE
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, en Les Corts. :: EFE
  • La portavoz del PP pide respuestas al tipo de contrato para el personal tras la reversión y asegura que el Consell no ha hecho las auditorías

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que la actual cartera de servicios del Hospital de Alzira «se mantendrá y se aumentará poco a poco» cuando la gestión del centro sanitario pase al sistema público, entre otras cosas porque no habrá que pagar «el beneficio industrial». Puig se pronunció en la sesión de control del pleno de Les Corts en respuesta a preguntas de la portavoz del PP, Isabel Bonig, que se interesó por las «250.000 personas que pueden perder prestaciones sanitarias y las más de 2.100 familias que pueden quedar sin empleo» cuando acabe la concesión de la gestión del hospital.

Los pacientes del departamento de salud de La Ribera, al que está adscrito el Hospital de Alzira, aseguró Puig, «tienen garantizado absolutamente» que desde el día siguiente de la finalización del contrato tendrán la salud pública «que se merecen», y los trabajadores «seguridad en el trabajo, de acuerdo con la ley».

El presidente del Consell calificó de «auténtico despropósito» que Bonig haga de «lobbista», en lugar de defender el interés general de los valencianos, y la acusó de crear «falsas incertidumbres» en los ciudadanos de La Ribera, pues se ha preguntado si es que los pacientes de hospitales públicos como La Fe o el Peset «tienen algún problema».

Bonig alertó de que la subrogación de esa concesión «no es posible», porque un informe de la Conselleria de Economía dice que «no es legal», y defendió que el centro sanitario tiene «los mayores índices de satisfacción» de la Comunitat, y además lo gestiona una empresa valenciana, que paga impuestos aquí.

Puig recordó a la líder del PP que el expresidente Alberto Fabra (PP) afirmó en mayo de 2014 que no iba a prorrogar las concesiones sanitarias vigentes ni se iba a hacer otra nueva, por lo que no se entiende el discurso «apocalíptico» de Bonig. El presidente destacó también que lo que ha pasado con la privatización de cinco departamentos es que han estado sin ningún control, sin hacer las liquidaciones que correspondían desde 2008 y sin posibilitar que la Sindicatura de Comptes los auditara, y consideró como «elemental» que no se renueve automáticamente ninguna concesión.

El interés del Consell, según Puig, responde a mejorar la calidad de la Sanidad, a proteger el derecho del personal sanitario, así como a mejorar la eficiencia de los recursos públicos. Frente a ello señaló que lo que hacía el PP era recortar los derechos sanitarios, algo que «se ha acabado» con el actual ejecutivo.

«Todos los valencianos y valencianas, del color que sean, tienen asistencia universal gratuita en esta tierra», resaltó Ximo Puig, quien preguntó a Bonig si representa a los 250.000 ciudadanos de La Ribera o a una empresa. Bonig replicó que «no le quepa la menor duda. Represento a todos los valencianos y al partido que es y seguirá siendo el mayoritario de la Comunitat».

La portavoz popular acusó al Consell de «mentir» sobre el hospital, pues, por ejemplo, no ha hecho las auditorías que anunció. Además, preguntó si ha «engañado» a los trabajadores, como a los de RTVV, e instó exponer qué contrato tendrán los trabajadores al acabar la concesión. También reclamó que explique si se seguirán prestando en el centro de Alzira servicios como oncología, cardiología o traumatología cuando el hospital deje de ser general.

En el turno de repreguntas, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, precisó que los trabajadores del área de Alzira seguirán desde el 1 de abril de 2018 en sus puestos y que la cartera de servicios no disminuirá. La consellera resaltó el apoyo del comité de empresa al proceso.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, mostró la foto de la gestión sanitaria del PP, con cinco exconsellers de Sanidad imputados.