Las Provincias

El tripartito centra el debate del estado de la ciudad en exigir dimisiones en el PP

Pere Fuset, Sandra Gómez y Joan Ribó, en el hemiciclo antes del inicio del debate. :: damián torres
Pere Fuset, Sandra Gómez y Joan Ribó, en el hemiciclo antes del inicio del debate. :: damián torres
  • La policía desaloja a un miembro de Compromís por tirar sobres y gritar a los concejales populares en el hemiciclo

La intervención del alcalde Joan Ribó ayer en el debate sobre el estado de la ciudad duró 60 minutos de reloj, aunque en el segundo párrafo del discurso ya había echado mano del espejo retrovisor para afirmar que el gobierno tripartito no tiene «otros intereses espúreos como había en el pasado», y dedicar los últimos segundos de su parlamento a reclamar la marcha del Ayuntamiento de los nueve ediles del PP investigados por presunto blanqueo de capitales.

Se habló de muchas más cosas, aunque los tres portavoces de los grupos que sustentan el gobierno, Sandra Gómez (PSPV), Pere Fuset (Compromís) y Jordi Peris (Valènci en Comú), siguieron andando por la línea trazada unos minutos antes por el primer edil. Fue la idea dominante en todos los turnos de una maratoniana jornada, donde durante más de cuatro horas se habló mucho del pasado de la ciudad, un poco del presente y menos del futuro, pese a que las últimas palabras del alcalde en su primer turno (el segundo se puede tildar de relleno en todos los casos) fueron: «a punto para mirar hacia el futuro».

Quizás el menos tenaz de los tres portavoces del gobierno tripartito en lo de pedir dimisiones fue Jordi Peris. El concejal de València en Comú defendió en su discurso la gestión de las áreas que tiene encomendadas su grupo como la participación ciudadana, las competencias en los colegios públicos y las consultas ciudadanas. Aprovechó para anunciar la creación de tres nuevas juntas de distrito para dar respuesta a las pedanías situadas al norte, oeste y sur del casco urbano.

Pero no fue necesaria su petición de dimisiones, dado que Ribó había dicho de manera tajante que «esta es una petición explícita al portavoz del grupo popular; esta ciudad necesita que su partido hable menos y haga más. Las personas imputadas por casos de corrupción tan graves, con grabaciones tan horribles y escandalosas donde se habla de la impunidad para delinquir se han de ir a su casa. O lo hacen ellos o lo hace su partido, pero actúen ya».

Los aludidos aguantaban estoicos, incluso cuando la portavoz socialista, Sandra Gómez, utilizó parte de su tiempo para recordar que la exalcaldesa Rita Barberá no quería participar en este tipo de debates. «Una alcaldesa que se negaba a rendir cuentas, y hoy sabemos porqué, cuando se las exige la Justicia». Mencionó que se abrieron «grietas combatiendo una corrupción que lo había impregnado todo, cuando denunciarla ni era fácil ni rentable».

Antes de Monzó habló el portavoz de Compromís, Pere Fuset, quien llegó a decir los nombres de los nueve ediles del PP investigados por presunto blanqueo de capitales. «Si es verdad que ustedes quieren a Valencia, dejen hoy mismo su acta como concejales de este Ayuntamiento», les aseveró. «Podemos trabajar mucho de este gobierno pero que Valencia deje de estar asociada a la corrupción pasa necesariamente porque ustedes asuman sus responsabilidades políticas», añadió.

Con todos esos prolegómenos llegó el turno del portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, quien hizo caso omiso de todas las peticiones de dimisión hacia los ediles que le rodeaban (él no está imputado en la causa del presunto blanqueo de capitales) y dedicó los primeros seis minutos de su discurso a hablar del incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles a 5.000 negocios de la ciudad, así como del retraso en la adjudicación de los siete millones asignados este año a las inversiones decididas en consultas populares.

Y en eso estaba el edil del PP hablando del incremento de 50.000 votos en las dos últimas elecciones generales para los populares, y la pérdida de 40.000 papeletas en las candidaturas donde formó parte Compromís, cuando desde el palco que tenía Monzó justo detrás se escucharon unos gritos en contra de la corrupción, una escenificación que terminó con el lanzamiento de sobres a la bancada popular.

Un agente de la Policía Local desalojó al que había tirado los sobres, mientras que el otro siguió brazos en alto con uno en cada mano, pretendiendo simbolizar con ello los casos donde se investiga a los ediles populares. E inevitablemente acabó con un nuevo lanzamiento y otro desalojo del hemiciclo.

Pese a la decisión de la Policía Local, el objetivo estaba cumplido y roto el discurso de Monzó, quien mantuvo la serenidad y siguió enumerando críticas hacia la gestión del gobierno municipal. La sorpresa llegó después, cuando en el siguiente turno se disculpó el concejal Fuset por el comportamiento de los dos individuos (antes lo había hecho Sandra Gómez, mientras que Ribó no dijo nada).

El edil de Compromís citó de nuevo los presuntos casos de corrupción en la misma frase que la disculpa, aunque Monzó le espetó que las aceptaba pese al menos uno de los individuos «es un miembro de Compromís, el número 20 en la lista del señor Ribó, que ya hemos sufrido muchas veces en las juntas municipales de Ruzafa».

Fue la gota de un pleno donde quedó en un segundo plano todo lo referido a anuncios como una próxima campaña de concienciación ciudadana para mantener limpias las calles, o la reforma de la ordenanza de mercados para permitir la venta directa a los agricultores.

En el aire quedó la petición de Monzó, cuando tras desvelar la pertenencia a Compromís de uno de los alborotadores, pidió que se «respete la presunción de inocencia. Si hemos llegado a esto (los altercados) ha sido por causa de ustedes y lo que han hecho estos años», criticó a los bancos del tripartito.

Ribó se comprometió en su segundo turno a estudiar las peticiones y críticas de las asociaciones que habían tomado la palabra, mientras que Gómez afirmó que la premisa de su grupo municipal será la creación de empleo. En la defensa de su gestión, el primer edil habló del pago a los proveedores a corto plazo, el aumento de gasto para limpieza y las mejoras en transporte público, así como la decisión de recuperar el barrio del Cabanyal en lugar de promover derribos de fincas.