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Uno de los inmuebles pendientes de reforma, tapiado para evitar ocupaciones ilegales. :: j. j. monzo
El Consistorio encarga la reforma de fincas con okupas en el Cabanyal para desalojarlos

El Consistorio encarga la reforma de fincas con okupas en el Cabanyal para desalojarlos

Desarrollo Urbano ya han informado de unas veinte licencias de obras privadas en el barrio que se acogerán a subvenciones este año

PACO MORENO

Sábado, 20 de agosto 2016, 00:27

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El Ayuntamiento ha encargado, a través de la empresa pública Plan Cabanyal, diez proyectos para otros tantos inmuebles del barrio, con el propósito de rehabilitar las viviendas y ofrecerlas en alquiler. Se da la circunstancia, indicaron fuentes conocedoras del proceso, que en algunos casos están ocupadas ilegalmente.

El propósito es claro, añadieron, y pasa por demostrar a vecinos del barrio y a los mismos integrantes de la comunidad okupa que el proceso de recuperación de inmuebles «no tiene marcha atrás». Están ubicados en calles como Reina, Barraca y Progreso, en la zona por donde debía pasar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

Los fondos parten del Plan Arrus, financiado en parte por el Ministerio de Fomento y la Generalitat. La previsión es que este año salgan adelante la reforma de 250 viviendas y 50 de nueva planta, donde se incluye también las subvenciones a entregar a las comunidades de propietarios.

La empresa Plan Cabanyal sacó a subasta aquellas propiedades en su poder que quedaban fuera del plan urbanístico. Aquel proceso sirvió para adjudicar varias a vecinos o empresas (estas últimas sólo para alquilar y no revender), pero el resto del parque de viviendas servirá para arrendamientos en su mayoría.

Otra cosa es el estado en el que se encuentran. La delegada de Patrimonio, encargó una inspección en los primeros meses del mandato, que concluyó con la necesidad de apuntalar y reforzar elementos en una veintena de fincas.

Los técnicos de la empresa Plan Cabanyal se han dedicado este mes a tramitar las primeras solicitudes de licencias que se acogerán a subvenciones. La delegación de Desarrollo Urbano les ha remitido de momento 18 expedientes para iniciar las obras, algunos con deficiencias que deben subsanarse. No obstante, fuentes de la concejalía dirigida por Vicent Sarrià señalaron que «la voluntad es acelerar al máximo, por lo que también hemos reforzado el servicio pese a las vacaciones».

La situación en el Cabanyal no es buena en el primer año de mandato del tripartito. Los vecinos empiezan a impacientarse por la lentitud en que sea una realidad en la calle la alternativa a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. De ahí que sea decisivo tramitar antes del 2 de septiembre, cuando se agota el plazo, todas las solicitudes posibles.

Fuentes de la empresa Plan Cabanyal comentaron que en caso de no agotar los fondos, cabe la posibilidad de una prórroga hasta el 1 de octubre, pero ese escenario no se contempla. Antes de iniciar la recepción de solicitudes, los técnicos hicieron una lista de preinscripciones que supera el centenar de casos.

Para la rehabilitación hay una partida este año de 3,4 millones de euros, aunque los particulares deben afrontar al menos un tercio del coste de la obra. En el caso de las de nueva planta, se eleva hasta 1,5 millones de euros.

Las bases detallan los requisitos para acceder a las ayudas, entre las que se encuentran las destinadas a mejora en las fachadas, las cubiertas, incluso la colocación de jardines verticales y sistemas de energías limpias, como placas solares.

En cuanto al encargo de la rehabilitación de viviendas públicas, nueve fincas son del Consistorio y una es de la empresa Plan Cabanyal. La junta de gobierno realizó una encomienda de gestión para que la sociedad pública tuviera la competencia en los concursos, que han consistido en ofrecer a tres arquitectos por cada uno de los inmuebles el proyecto. La elección de las fincas no ha sido baladí, sino que se quiere contribuir a la regeneración desde la zona más degradada.

En cuanto a las relaciones con los okupas, la empresa ya ha recibido la primera orden judicial de este mandato para un desalojo, previsto en septiembre. La sociedad tiene un parque de viviendas y plantas bajas que supera el medio millar de propiedades, por lo que hay casos de familias sin recursos económicos que viven en ellos. Con estas personas sí que se intenta una mediación.

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