El juez también sostiene que Aznar contrató de manera ilegal una firma de seguridad

No es el cobro de sobresueldos la única irregularidad que se le imputa al expresidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar. El juez recoge en su auto algunas adjudicaciones bajo sospecha por parte de Valencia Plataforma Intermodal (VPI), la empresa desde la que Aznar y otros tres responsables recibieron un segundo sueldo con fondos públicos, una situación prohibida por la ley.

El instructor aprecia ilegalidades en la contratación de dos despachos de abogados y en la empresa que se encargaba de la seguridad de la firma investigada. Todas estas operaciones se realizaron al margen de la Ley de Contratos del Sector Público, según se mantiene en el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos. Se trata de aspectos que ya figuraban en la denuncia presentada en su día por la Fiscalía Anticorrupción.

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