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Fachada del TSJ en la calle Poeta Quintana, edificio BIC, donde la Conselleria de Justicia ha atornillado un cartel.
El Consell atornilla en el edificio protegido del TSJ un cartel publicitario de unas obras

El Consell atornilla en el edificio protegido del TSJ un cartel publicitario de unas obras

La ley de Patrimonio prohíbe poner rótulos en la fachada de monumentos como la de esta sede, declarada BIC en el año 1982

Lola Soriano

Martes, 6 de octubre 2015, 19:06

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Siempre es buena noticia que haya fondos públicos para reformar edificios que son grandes referentes de Valencia, como es el caso de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), donde ya han comenzado unos trabajos de mejora, pero este impulso no justifica que el cartel que anuncia las obras acabe atornillado en una de las fachadas del Palacio de Justicia.

Los trabajos comenzaron hace dos semanas y el rótulo de metal que indica la inversión y el objeto de la obra impulsada por la Conselleria de Justicia se ha puesto en un espacio muy vistoso, en la fachada del Palacio de Justicia recayente en la calle Poeta Quintana, justo al lado del Parterre.

El problema es que no se ha tenido en cuenta que este edificio tiene una protección patrimonial, ya que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 15 de enero de 1982.

El aplique metálico de tornillos y ganchos realizado sobre los ladrillos caravista del Palacio de Justicia no respeta la normativa. Si bien, en otros edificios relevantes en obras, se opta por poner el cartel en la acera, sujeto al suelo con cemento sin causar daño alguno en las fachadas y quedando igualmente a la vista, en este caso no ha sido así.

En la ley de Patrimonio, concretamente en el artículo 38, se especifica que queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en puntos como jardines históricos, fachadas y cubiertas de monumentos, así como todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación.

No hay que olvidar que este edificio data de mediados del siglo XVIII, ya que como consecuencia del auge del tráfico marítimo el intendente general de Valencia, José de Avilés, propuso a la Corte la construcción de un nuevo edificio para aduanas y que, precisamente, las fachadas se restauraron en 1997, con el fin de eliminar la suciedad y la contaminación acumulada y para frenar el avance de procesos degenerativos.

La que fuera antigua aduana de Carlos III es un ejemplo de arquitectura, con materiales nobles, un estilo tardo-barroco y neoclásico y con un remate escultórico principal con un gran escudo en piedra de Carlos III con el Toisón de Oro, tal como se recoge en la ficha de planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, pero todo ello no parece haber pesado a la hora de instalar el rótulo.

Exigen la retirada

Desde colectivos con gran conciencia por el Patrimonio, como la asociación de la Boatella, lamentaron ayer tras ser consultados por LAS PROVINCIAS, que se haya actuado en la fachada. «Consideramos que es un menosprecio al Patrimonio continuar con estas ilegalidades por parte del nuevo gobierno», explicó el portavoz, Joan Sanchis.

Por ello, desde la Boatella exigen la «retirada inmediata porque los anclajes son evidentes en la obra y dañan el monumento». Recuerdan que esta asociación hace años denunció a arquitectos municipales por la perforación de las baldosas medievales de la calle Pere Compte, en la Lonja para instalar carpas.

Sanchis explica que «en Castilla y León Patrimonio hace años ordenó la retirada de todos los carteles o acometidas o elementos impropios en Salamanca e incluso diversas diputaciones retiraron elementos tras conocer la sentencia. Exigimos que aquí se tomen medidas».

En cuanto al motivo de las obras que la Conselleria de Justicia anuncia en el cartel instalado en la fachada de la sede del TSJ, el objetivo de las obras es reformar la instalación de baja tensión y el centro de transformación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El presupuesto de ejecución es de 359.182,09 euros y el plazo de ejecución es de dos meses. Como explican en la Conselleria de Justicia, cuando se hizo la reforma integral del edificio, quedó pendiente modernizar la instalación eléctrica y es ahora cuando se está actuando para prever posibles ampliaciones de salas o nuevas necesidades informáticas.

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