Las Provincias

La falta de informes frena las declaraciones del proyecto Castor

Un velero navega en las proximidades de la plataforma marina del almacén de gas de Vinaròs. :: damián torres
Un velero navega en las proximidades de la plataforma marina del almacén de gas de Vinaròs. :: damián torres
  • La imputación de varios miembros del Gobierno de Zapatero, de los dirigentes de Escal y del IGME se produjo hace ya nueve meses

Nueve meses han pasado desde que el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs anunciara la imputación de 18 personas por los más de quinientos seísmos que azotaron la zona norte de la Comunitat entre septiembre y octubre de 2013. Quiere conocer qué los provocó y, por tanto, si fueron consecuencia de los trabajos de Escal UGS en el Mediterráneo.

A finales de enero, la magistrada Carmen Ballesteros Escribano, que en esos instantes llevaba el caso, indicó que quería tomar declaración a todos los que, en su opinión, podían tener algún tipo de relación con el almacén de gas e investigar la denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el Medio Ambiente y los recursos naturales.

Escasas semanas más tarde, todavía en enero, aterrizaba en el juzgado de Vinaròs su nuevo responsable, Víctor Capilla, que debía decidir si necesitaba refuerzos ante la gran cantidad de trabajo que albergaba, pues, además del proyecto Castor, se encarga de las instrucciones de guardia que se producen sobre violencia de género. Finalmente, decidió pedir refuerzos, y fue la propia Carmen Ballesteros la que se quedó en el municipio.

Ambos se han encontrado desde que empezaron a estudiar el caso con un importante inconveniente. No pueden iniciar, de ningún modo, el periodo de declaraciones previo al juicio. Los imputados fueron los responsables de los ministerios de Industria y Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuatro miembros del Instituto Geográfico y Minero (IGME) y otros tantos dirigentes de la empresa Escal -propiedad en un 66 por ciento de ACS y el resto de una sociedad canadiense-.

Para conocer bien la situación en la que se encontraba el yacimiento submarino cuando empezaron los terremotos se debe tener conocimiento de todo lo que puede concernir a una infraestructura como esta y todo lo que resulta imprescindible para darle el visto bueno para almacenar gas.

Conocer los detalles

El juez quiere tener en su poder todos los documentos que existen para ser plenamente consciente de todos los detalles. Su intención es analizarlos para saber qué debe preguntar a la hora de tomar las declaraciones, pero se ha topado de bruces con un importante contratiempo. Solicitó distintos estudios y, aunque algunos ya se pusieron encima de su mesa, hay otros que todavía no, por lo que no puede empezar.

Los expertos consultados por este periódico aseguran que se trata de una cuestión delicada y que todos los que participaron de uno u otro modo en el proyecto son especialistas en este tipo de plataformas. A priori, los imputados no creían que pudieran sufrir graves consecuencias ya que estaban convencidos de que su trabajo había seguido los caminos correctos y legales. Sin embargo, las dudas y la incertidumbre son cada vez mayores.

El proyecto Castor se ha visto envuelto en polémica en los últimos dos años, desde que tuvo lugar el primer temblor sentido por la población. Los terremotos asustaron a los vecinos de los municipios cercanos, que desde un primer momento se mostraron contrarios al almacenamiento. A todo ello, hay que añadir la decisión que tomó ACS sobre su instalación, pues renunció a ella en verano pasado y, a pesar de todo, ha recibido una indemnización de 1.300 millones de euros. Un pago que realizarán todos los consumidores de gas en España durante los próximo treinta años, puesto que el Gobierno lo incluirá en las facturas.

El Ministerio de Industria tuvo que improvisar sobre la marcha tras el abandono por parte de ACS. La decisión definitiva fue otorgar el control del proyecto a Enagás, que debía redactar sus propios informes sobre la instalación, así como mantenerla en hibernación hasta que se decida si se cierra definitivamente o conviene más reabrirla.

Entre los estudios que prepara la principal distribuidora de gas del país se halla el que prepara el Massachusetts Institute of Technology (MIT), una institución a la que el Gobierno ya le pidió un estudió durante el año pasado. Pese a ello, nada se supo del análisis realizado. Como tampoco del solicitado a la Universidad de Standfor, del que también se desconocen las conclusiones.

De momento, Víctor Capilla sigue a la espera, mientras la portavoz de Podemos en Les Corts señaló que desde su formación han tramitado una iniciativa para que se inste al ministro Soria a la «liberación de los informes» y que así la investigación pueda continuar.