Europa investiga el pago de la indemnización a Escal UGS

Los vecinos afectados por los terremotos necesitan información. Saber qué va a ocurrir con la plataforma marina que tienen frente a sus costas y la fábrica terrestre situada en sus terrenos. Quieren conocer qué va a ocurrir y si se va a volver a inyectar gas o, por el contrario, si se cerrará la planta definitivamente. Algo, que no es capaz de aclarar ni el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, quien unas veces asegura que lo más lógico sería clausurar la instalación y otras que podría volver a funcionar. «No lo queremos, que la desmonten», aseguran los ciudadanos residentes en la costa del Mediterráneo.

También instan a los dirigentes a que aclaren qué sucede con la indemnización que van a tener que pagar todos los consumidores de gas españoles. Más de 1.300 millones que ha recibido ya Escal UGS y que se devolverán a través de las facturas. Tras esperar muchos meses y no encontrar una respuesta, desde la Plataforma de en Defensa de les Terres del Sénia, denunciaron la situación ante el Parlamento Europeo. «Tenemos el registro de entrada», indicó a este periódico su portavoz, Joan Ferrando. «Se lo dimos a Marina Albiol (miembro de Compromís) que forma parte de la comisión de quejas».

Los vecinos consideran que se actuó de un modo irregular a la hora de ofrecer la concesión a la empresa hispano-canadiense, al igual que posteriormente cuando la empresa recibió la devolución de su inversión en el almacén de gas de Vinaròs. «La denuncia apunta a un incumplimiento de las directivas sobre competencia -que estipula la normativa continental-, porque creemos que Escal tenía ventajas respecto a otras empresas, y también queremos respuestas acerca del pago de la indemnización», explicó Ferrando.

Ahora la pelota se sitúa en el tejado de los dirigentes de la Unión Europea, que deben revisar todos los pasos dados tanto por el Gobierno central, como la sociedad de ACS (que cuenta con el 66% de las acciones). Por tanto, paralelamente a la investigación que realiza el juzgado número 4 de Vinaròs, existe otra en Bruselas. «Queremos que la Comisión Europea estudie si el pago se ha llevado a cabo correctamente o si se ha realizado algún tipo de incumplimiento de su normativa», insistió el portavoz de la plataforma.