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Alumnos de un colegio concertado poco antes de entrar en clase. :: irene marsilla
Suprimir los conciertos elevaría el gasto de Educación en 44 millones anuales

Suprimir los conciertos elevaría el gasto de Educación en 44 millones anuales

La cifra procede de un estudio que alerta de que un aula pública cuesta 9.165 euros más que otra privada sufragada por la administración

J. BATISTA

Domingo, 13 de septiembre 2015, 00:00

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Un estudio publicado en la revista oficial de los organismo autonómicos de control externo (como es el caso de la Sindicatura de Comptes) establece que la supresión de todas las aulas concertadas de Infantil y Primaria de la Comunitat obligaría a la Conselleria de Educación a incrementar el gasto público en 43,8 millones de euros anuales, siempre que todas esas clases siguieran existiendo como parte de la red pública. De hecho la cifra es el ahorro que para el estudio se consigue con la concertación.

El informe lo difundió ayer la agencia Europa Press y está rubricado por el técnico Joaquín Izquierdo y la ayudante de auditoría Raquel González, esta última de la institución valenciana. En el trabajo se cruzan los datos publicados por la sindicatura en abril, relacionados con el coste de una unidad escolar en función de la titularidad, con estadísticas oficiales del Ministerio de Educación y del INE.

Se trata de una aproximación teórica. Es decir, para calcular el gasto que supone cada modelo para las arcas públicas se toma como punto de partida que todas las aulas contempladas alcanzan la ratio máxima, que es de 30 alumnos por clase. Además, se imputan las inversiones relacionadas con el personal y en instalaciones y mantenimiento, sin tener en cuenta otras de tipo complementario, desde actividades extraescolares y servicios educativos hasta las derivadas de programas de atención a la diversidad, por poner algunos ejemplos.

El informe establece que al año un centro público con dos líneas (18 aulas de Infantil y Primaria llenas al máximo) le cuesta a la Generalitat 1,31 millones de euros (72.970 por unidad), frente al 1,48 de uno concertado (63.805 por clase). Es decir, la diferencia es de 9.165 euros a favor de los segundos. El ahorro que supone esta red, los 43,8 millones, se extrae de multiplicar la última cifra por las unidades concertadas en el curso 2013-2014 (4.782).

De ahí que el informe concluya que «si la administración optara por suprimir la totalidad de la red concertada -de Infantil y Primaria-, manteniendo el mismo número de unidades escolares pero todas ellas de titularidad pública, el coste anual de fondos públicos aumentaría en torno a 43,8 millones de euros». Eso sí, más allá del enfoque teórico entre un escenario y otro, la inversión en infraestructuras que supondría incrementar el número de plazas públicas para sustituir a las concertadas sería mucho mayor.

Sin embargo, el escenario que plantea el estudio no parece posible a tenor de las declaraciones públicas de los actuales responsables educativos, sin olvidar las medidas adoptadas o los programas electorales que les llevaron al Consell.

Hace un par de semanas, el secretario autonómico, Miguel Soler, destacó que la premisa de trabajo consistirá en no fomentar la concertación de clases en etapas no obligatorias como el Bachillerato o la FP. En otras palabras, no se ha hablado de suprimir centros consolidados de Infantil o Primaria, que además cuentan con el respaldo jurídico derivado del contrato firmado con la administración. Incluso la idea más agresiva en este sentido, que figura en el programa de Compromís, no llega a tanto, pues prevé una eliminación progresiva de conciertos en la Secundaria no obligatoria.

Eso sí, hay que recordar las palabras de Vicent Marzà cuando dio luz verde a la revisión de unidades concertadas publicada este verano, que se basó en la propuesta que dejó lista el PP. Entonces deslizó que se reformularán los criterios empleados para valorar las peticiones de nuevas aulas planteadas por los titulares, señalando que eran favorables a sus intereses, y que se acabaría la «barra libre» de los años previos.

Más allá del coste teórico que supone a las arcas públicas un centro tipo en función de la titularidad, el informe publicado en la citada revista (Auditoría Pública) también destaca la idea del coste que asumen las familias que optan por la concertada. «Este ahorro que obtiene la administración por disponer de una red de centros concertados tiene una contrapartida en el mayor gasto de los hogares, que tienen que realizar desembolsos relacionados con las clases lectivas» y que se sitúa en 52,8 millones, con datos de una encuesta referida al curso 2011-2012. Es decir, la cifra que asumen las familias es mayor que el ahorro teórico.

Además, se refiere a gastos vinculados a la escolarización pese a que el concierto debe garantizar la gratuidad. La explicación puede estar en la política de aportaciones voluntarias propia de la red.

El informe plantea otro escenario, que consistiría en llenar más las aulas de los públicos, donde hay más vacantes, con alumnos de la otra red, lo que implicaría un ahorro en conciertos de entre 15,6 y 31,4 millones en función del número de estudiantes trasvasados y de entre 2,7 y 5,4 en cuanto a gasto familiar.

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