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Una de las zonas pendientes de urbanización en el barrio del Cabanyal. :: j.monzo
La fiscalía avala la suspensión de licencias en el Cabanyal desde 2010 y archiva la denuncia

La fiscalía avala la suspensión de licencias en el Cabanyal desde 2010 y archiva la denuncia

Barberá anuncia el final del caso por no autorizar obras al amparo de la orden del Ministerio de Cultura y EU afirma que carece de la notificación

PACO MORENO

Viernes, 22 de mayo 2015, 01:07

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La alcaldesa Rita Barberá anunció ayer el archivo por parte de la fiscalía de las diligencias abiertas el pasado día 6 a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal de Esquerra Unida acerca de la paralización de las licencias de obras en el Cabanyal.

El portavoz de dicha formación, Amadeu Sanchis, presentó la denuncia el 27 de abril, donde habló de presunta prevaricación por el bloqueo a la concesión de permisos. El gobierno municipal se acogió para esto a la propia orden del Ministerio de Cultura, de diciembre de 2009, para conceder sólo licencias de obras menores y de emergencia.

Barberá realizó el anuncio antes de su visita al Mercado Central, para poner de relieve la estrategia fallida de los partidos de la oposición en esta campaña. Fuentes de la candidatura indicaron después que todavía no han recibido la notificación.

A preguntas de LAS PROVINCIAS, fuentes de Esquerra Unida indicaron que no tienen constancia del archivo, debido a la citada falta de documentación. Precisamente hoy el portavoz, Amadeu Sanchis, tiene previsto desvelar junto al abogado José Luis Ramos «la prueba por la que el Ministerio de Cultura no aprobará el nuevo plan urbanístico para evitar que se le pueda imputar penalmente», según se indica en la convocatoria.

Pese a la falta de notificación, desde la candidatura popular aseguraron que se ha archivado. El motivo de la denuncia era un presunto delito de prevaricación por autoría y omisión del Código Penal contra quienes «resulten autores directos de haber denegado licencias de obras de rehabilitación a la vez que se autorizaba un proyecto de urbanización en el ámbito del Cabanyal-Canyamelar, así como haber mantenido la suspensión de licencias de obras sin haber seguido el procedimiento preceptivo».

Entonces, el concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, comentó que «el equipo de gobierno ha tenido una justificación para no poder conceder licencias en el Cabanyal, y si teníamos alguna duda, hay una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde dice que la actuación municipal es ajustada a derecho y consecuencia de la Orden ministerial».

La paralización se hizo efectiva en abril de 2010, cuando el Gobierno socialista presentó un recurso en el Tribunal Constitucional contra la modificación hecha por la Generalitat de la aprobación de Bien de Interés Cultural para el Cabanyal.

Este cambio daba cobertura legal a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Cinco años después, el Ministerio de Cultura revisa el proyecto con el propósito de encajarlo en la declaración de protección del barrio.

Sin constancia en EU

Por su parte, Sanchis indicó tras comentar Barberá el archivo de la denuncia que «no tenemos constancia de eso», sin valorar nada más a la espera de conocer la decisión de la fiscalía. De todos modos, comentó que siguen en trámites una denuncia presentada en el Tribunal Superior de Justicia y otra en la Audiencia sobre el plan urbanístico.

El último movimiento del Consistorio fue cambiar el diseño de la prolongación en su cruce con la zona declarada Bien de Interés Cultural. La decisión fue estrechar el bulevar y anular una serie de derribos previstos para reducir la zona afectada.

De esta manera se piensa en cumplir con los requisitos de la orden ministerial. Cultura permite la concesión de licencias, aunque siempre con la revisión de los permisos. La clave es que los grupos de la oposición consideran que esto podía hacerse desde 2010, lo que ha sido rechazado en el juzgado.

Sanchis criticó que «el único interés y argumentación que tiene la Barberá y el PP de aprobar esta moción (concesión de licencias) es estrictamente electoral y no aporta ninguna razón jurídica nueva que no fuera ya expuesta».

Según el relato de los populares «ahora la situación ha cambiado por los escritos de contestación del Ministerio de Cultura a las cuestiones planteadas por este Ayuntamiento, como se ha podido ver».

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