Las Provincias

Abogados y consumidores cargan contra el impuesto extra de la vivienda

Viviendas de Alicante con el cartel de 'Se vende' en sus ventanas. :: CARLOS RODRíGUEz
Viviendas de Alicante con el cartel de 'Se vende' en sus ventanas. :: CARLOS RODRíGUEz
  • Los expertos aseguran que el afán recaudatorio de Hacienda en Valencia se evita evidenciando que la cantidad pagada es el valor del piso

Miles de valencianos han sido avisados del afán recaudatorio de Hacienda tras haber comprado una vivienda. Las cartas que han enviado desde la administración valenciana alertan de una reclamación de impuestos. En síntesis, quieren cobrar más a los compradores por el impuesto de transmisiones patrimoniales y al comprador, por el de plusvalía.

Esta estrategia recaudadora se aplica desde hace más de 20 años, según las fuentes consultadas, pero ahora se ha recrudecido con más medios e intensidad. Hasta el año pasado, según explican desde Varona Asesores, las reclamaciones se ganaban con un argumento sencillo. Hacienda pretendía incrementar su recaudación calculando un precio a base de datos catastrales y coeficientes que daba como resultado un valor mayor que el que comprador y vendedor habían pactado. Pero no lo demostraba. El afectado alegaba que ningún perito demostraba el precio simulado por la administración y la reclamación acababa siendo papel mojado.

Pero ahora la Hacienda valenciana informa a los compradores de viviendas que un perito va a visitar el inmueble que han adquirido, con lo que se pretende anular esta exitosa fórmula de los abogados. «No hay nada que hacer», ha sido la conclusión de algún afectado. Un abogado contesta: «Hacienda sabe que muchos afectados prefieren no reclamar, pagar y olvidar». Pero no está todo perdido.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha redactado una carta modelo para los afectados por esta reclamación adicional de impuestos. Pone énfasis en la mala utilización que tiene Hacienda cuando habla del «precio real». La primera alegación que recomienda la organización de consumidores es: «El precio declarado de la vivienda, respecto de cuya valoración la Administración discrepa, es el auténtico valor real, y no el propuesto por la Administración. Prueba de ello es que el que figura en la escritura (cuya copia ya obra en poder de la Administración) -y por tanto, el declarado-, es el mismo precio que se pactó previamente en contrato privado, cuya copia se aporta».

Esta recomendación coincide con el argumento ofrecido por el abogado Juan Martín Queralt: «No puede haber impuestos donde no hay riqueza gravable susceptible de pagar impuestos. Realizar eso es contrario al artículo 31.1 de la Constitución que exige que se contribuya de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente».

El despacho Varona Asesores tiene dos estrategias para este tipo de asuntos, aunque matizan que ambas están sujetas a riesgo ya que el envío de peritos por parte de Hacienda es relativamente reciente por lo que no existe aún jurisprudencia en la que basarse.

La primera opción que proponen es un contraperitaje. El afectado por esta reclamación de impuestos debe dejar al perito que realice la tasación de su vivienda y esperar a que se le envíe una carta solicitando un pago concreto de impuestos. A partir de ahí, recomiendan realizar un peritaje por cuenta propia. «El objetivo es presentar una tasación pericial contradictoria», explican. Con ello se espera que Hacienda retire la reclamación. Varona Asesores matiza que el riesgo de esta acción es que los costes del peritaje pueden superar al de la reclamación pedida por Hacienda.

Por ello, la estrategia en la que consumidores y abogados coinciden es en la demostración de que el precio real no puede ser otro que el abonado en la compraventa de vivienda, por lo que no se puede simular otra base imponible para el cálculo de impuestos.

La demostración de que el precio real es el que figura en la escritura es más complejo en caso de inmuebles vendidos entre particulares. Ahí es donde Hacienda investiga para encontrar pagos en negro de parte de la vivienda. En este sentido, desde Varona Asesores matizan: «El valor real es el que se paga y no puede ser el catastral. Hay que pedir que se respete el principio de la presunción de inocencia y la Conselleria de Hacienda está aplicando a los valencianos la presunción de culpabilidad».

Más sencillo parece, según las fuentes consultadas, demostrar el precio en el caso de inmuebles comprados a otros agentes. «Si se compra en una subasta judicial o a un banco no se puede dudar de que el precio pagado es el escriturado. El caso de los bancos es más sencillo. Solvia, por ejemplo, ha vendido viviendas de una misma promoción a precios distintos y en su propia web reconoce que admite contraofertas por lo que se puede demostrar que la disparidad entre el precio ofertado y el real de la adquisición es distinto».