La provincia de Valencia sufre ocho robos al día en campos y granjas

valencia. Era un secreto a voces que ayer se concretó con cifras. La provincia de Valencia es, con gran diferencia, la región española que más robos está sufriendo en explotaciones agrarias y ganaderas con una media de cerca de ocho infracciones penales al día, situación que está obligando a los agricultores, incluso, a dormir en sus propios campos y a organizar patrullas de vigilancia si no quieren ver desaparecer su cosecha o herramientas.

La Unió de Llauradors anunció ayer que, en los cinco primeros meses del año, los campos de la provincia ha registrado 1.195 robos (de media, casi ocho al día), según la contestación que el Congreso ha ofrecido al diputado Miguel Ángel Heredia. De esta forma, Valencia prácticamente dobla a la segunda provincia que más sustracciones ha sufrido (Sevilla, con 717), y multiplica por cuatro los robos contabilizados en este periodo en Castellón (289) y Alicante (276). En total, las explotaciones agrarias y ganaderas españolas han tenido que hacer frente en estos cinco meses a 9.947 robos, por lo que uno de cada diez sustracciones tienen lugar en la provincia de Valencia.

Disuasión y castigo

Los agricultores reclaman, por una parte, que se incremente la vigilancia policial, sobre todo en las zonas rurales más vulnerables; aumento de efectivos que, sobre todo, debería destinarse a los equipos especiales que la Guardia Civil dispone al efecto, denominados grupo Roca. Estos agentes han conseguido detener a más de 350 ladrones en los últimos diez meses, actuación que todavía no ha servido para poner freno a la sangría que está viviendo el campo valenciano.

Por otra parte, desde la Unió creen que la clave para resolver el problema es la reforma del Código Penal. Los agricultores valencianos consiguieron el pasado verano arrancar el compromiso de que la actualización del código incluiría penas de hasta cuatro años de cárcel para los robos en el campo. En septiembre, el Consejo de Ministros dio luz verde a esta reforma pero, desde entonces, «sigue estancada» en el proceso de trámites parlamentarios, como lamentaron desde la Unió.

Por último, exigen más inspecciones en almacenes o chatarrerías que venden mercancía de dudosa procedencia.