Más de 1.500 multas por ruido a locales de ocio no se cobran por falta de medios

El Síndic alerta de una situación de «impunidad injustificable» y reclama a la Generalitat que ceda la competencia sobre sanciones al Consistorio

ISABEL DOMINGO VALENCIA.

No es la primera vez que el Síndic de Greuges se pronuncia sobre los problemas que genera el ocio nocturno en la Comunitat y, en concreto, en la ciudad de Valencia. Ya en su balance anual reflejó que el año pasado se habían tramitado 454 quejas por contaminación acústica en el cap i casal.

Fue entonces cuando esta institución que preside José Cholbi desveló que había iniciado -en junio de 2017- una investigación de oficio sobre esta problemática a raíz de las reiteradas denuncias de las asociaciones vecinales para «supervisar la actuación del Ayuntamiento de Valencia para evitar la grave contaminación acústica existente en numerosos barrios de la ciudad».

Es ahora cuando el Síndic ha hecho pública su resolución con varias llamadas de atención tanto a la administración municipal como a la autonómica. La primera de ellas es lo que califica como «impunidad injustificable», ya que la investigación ha concluido que alrededor del 40% de las infracciones graves o muy graves de locales de ocio en Valencia prescriben o han prescrito durante los últimos tres años.

Es decir, más de 1.500 sanciones no se cobran por la prescripción de las actas, según los datos facilitados por la propia Dirección General de la Agencia de Seguridad y respuesta a las Emergencias que recoge el informe del Síndic. Así, entre 2015 y 2017 se registraron 3.920 actas de denuncia, de las que entre un 30 y un 40% caducaron.

El motivo no es otro que la falta de medios de la Generalitat, que es la administración encargada de sancionar las infracciones graves o muy graves (que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros) según contemplan las leyes 7/2002 y 14/2010 de la Generalitat. En el caso de los ayuntamientos, sólo tienen competencia para las multas con importes hasta un máximo de 6.000 euros.

En este sentido, la resolución del Síndic publicada ayer recoge también un informe del Servicio Central de Procedimiento Sancionador en el que se critica que los atestados «caduquen sin sanción» y que serían necesarios «dos años para desastacar el colapso de denuncias».

Mejoras en el sistema

Para José Cholbi esto genera una situación de «impunidad injustificable». A su juicio, «el infractor no tiene interés en cumplir la ley porque, sencillamente, no pasa nada». En este sentido, recordó la última sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afecta a España -impulsada (y ganada) por un vecino afectado por el ruido en la plaza Xúquer- y destacó que «un sistema sancionador no es suficiente si no se aplica en tiempo y de manera eficaz».

Por ello, el Síndic propone dos medidas: o bien que la competencia sancionadora pase a los ayuntamientos, como reclama el de Valencia desde hace años y que, según Cholbi, sería viable en los municipios grandes; o bien que se mejore la dotación de medios económicos, técnicos y personales de la Generalitat. A la primera petición, la administración autonómica asegura en su respuesta al Síndic que «está, ahora mismo, siendo objeto de estudio y consideración por los órganos competentes».

El botellón, la proliferación de terrazas, la ineficacia de las medidas en las zonas acústicamente saturadas (ZAS) o la falta de información sobre las licencias son otros de los puntos negros en materia de contaminación acústica recogidos por el Síndic de Greuges en su investigación de oficio.

Mayores controles

Así, en el primer caso, reconoce que el aumento de las sanciones no ha conseguido frenar el aumento del consumo del alcohol en la calle, por lo que insiste en la necesidad de «promover campañas y programas de educación y sensibilización». Mientras que en el caso de las ZAS, el Síndic reclama al Consistorio «medidas más eficaces» tanto en las ya declaradas como en las que se tramitan actualmente, como es el caso del barrio del Carmen.

También insta a un mayor control y vigilancia sobre las terrazas para que cumplan con lo detallado en las licencias concedidas y que no se concedan nuevas autorizaciones o ampliaciones en zonas con problemas de ruidos. «Los vecinos no sólo se quejan de las molestias acústicas que generan sino que hay zonas donde apenas se puede transitar por las calles», recoge el informe. Ruido ambiental, colocación de mesas y sillas sin autorización o que exceden el número máximo permitido son algunas de las incidencias detectadas.

Sobre las terrazas el Síndic también recoge otra preocupación vecinal: saber cuántas terrazas «hay legales y si están cumpliendo con las condiciones de las licencias». Un problema que, según observa, está presente en muchos barrios del cap i casal por lo que recomienda tanto a la Generalitat como al Consistorio a la creación de un Observatorio del Ruido en el que técnicos de las dos administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vecinos y hosteleros «intercambien información actualizada sobre la situación existente en cada zona y las medidas necesarias a adoptar».

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