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El Gobierno no reabrirá la plataforma Castor hasta que dictamine el Supremo

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El Gobierno no reabrirá la plataforma Castor hasta que dictamine el Supremo

El tribunal debe valorar un recurso presentado contra la sentencia que obliga a realizar un estudio ambiental del gasoducto

04.02.14 - 00:23 -
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Los trabajos en el almacén de gas Castor situado frente a la costa de Vinaròs no se reanudarán hasta que el Tribunal Supremo decida qué hacer con el recurso de casación presentado contra la sentencia que tumba parte de la tramitación del gasoducto que permitirá su conexión con la red de distribución nacional.

Este trámite se suma al embrollo respecto a los informes técnicos encargados por el Ministerio de Industria para valorar si procedía reabrir la planta tras los más de 500 seísmos registrados en el golfo de Valencia el pasado septiembre, teniendo en cuenta que las conclusiones no se conocen casi medio año después de los incidentes. En otras palabras, parece que la paralización decretada por el Gobierno se mantendrá durante un tiempo.

En cuanto al proceso judicial, el Gobierno explica en una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví que esperará al pronunciamiento del Alto Tribunal «antes de realizar cualquier actuación». En el escrito se alega que la citada sentencia no es firme y ha sido recurrida en casación por la empresa impulsora de los trabajos.

Todo se debe al fallo de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que declaraba que el proyecto de la conducción tenía que haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental antes de conseguir las autorizaciones administrativas para poder funcionar. En la respuesta, el Gobierno reconoce que la decisión del Ministerio de Medio Ambiente permitió a Industria conceder directamente los pertinentes permisos, tanto al almacenamiento subterráneo como a la conducción.

La sentencia, de abril del año pasado, se deriva del recurso que presentó la empresa de Alcanar Río Cenia S. A, afectada por la expropiación de terrenos que ocupa el gasoducto, a la resolución del 5 de noviembre de 2009 mediante la cual la secretaria de Estado de Cambio Climático del ministerio decidía no valorar el impacto ambiental de la obra. La consecuencia fue que la Audiencia Nacional dejó si efecto esta misma resolución.

Esto no quiere decir que el proyecto sea declarado ilegal, pues tal y como explicó ayer el abogado José Ortega, experto en litigios relacionados con el litoral, el fallo afecta al procedimiento y no al fondo de la cuestión, por lo que en el peor de los casos se tendría que hacer la evaluación y adoptar las medidas correctoras que se consideraran necesarias. La empresa catalana alegó que el proyecto atravesaba el cauce del río Sénia, de interés natural, y que la conducción, al superar los 10 kilómetros de longitud y un diámetro de 800 milímetros, sí debía someterse a este trámite ambiental. Por su parte, la promotora Enagás argumentó que al atravesar dos comunidades autónomas no estaba obligada al mismo amparándose en la normativa valenciana.

Ortega también señaló que si se admite a trámite el recurso de casación ante el Supremo el fallo podría tardar entre un año y un año y medio, lo que significa, teniendo en cuenta la respuesta parlamentaria, que la plataforma Castor debería permanecer parada durante todo ese tiempo. Otro escenario posible es que no se acepte el recurso de casación, por lo que la promotora sólo podría presentar las correspondientes alegaciones a esta decisión, que se resolverían en un plazo de entre tres y cuatro meses. Eso sí, esto haría que la sentencia de la Audiencia Nacional fuera firme, lo que obligaría a redactar la citada evaluación de impacto ambiental.

Los informes técnicos

En cuanto a los informes técnicos encargados por el Ministerio de Industria, tenían el objetivo de determinar la vinculación entre los seísmos y los trabajos de inyección de gas en el almacén, y fueron solicitados al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero. También se habló de recurrir a expertos internacionales. Hay que recordar que el proyecto no contó con un informe sobre riesgos sísmicos, como han denunciado varias entidades y administraciones.

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La plataforma Castor, en una imagen de archivo. :: AFP PHOTO/LLUIS GENE

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