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Les Corts acuerda pedir al Gobierno el cierre de la plataforma de gas

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Les Corts acuerda pedir al Gobierno el cierre de la plataforma de gas

Los cuatro grupos parlamentarios presentes en el pleno consideran que se debe desmantelar la planta de Vinaròs ante la inseguridad que genera

25.10.13 - 00:11 -
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El pleno de les Corts se puso ayer de acuerdo para solicitar al Gobierno central el cierre definitivo del almacén de gas situado frente a la costa de Vinaròs. El Partido Popular presentó una proposición no de ley que fue aprobada por el resto de grupos parlamentarios.

Los municipios del norte de Castellón están preocupados por la situación que se ha generado en los últimos meses, en los que los terremotos han crecido de un modo desorbitado. De momento, los expertos del Instituto Geológico y Minero (IGME) continúan con su estudio para determinar sus causas y el Ministerio de Industria tomará una decisión basándose en sus conclusiones. Pese a ello, los partidos valencianos quieren que la planta deje de funcionar.

El escrito aprobado ayer será presentado durante los próximos días tanto en el Congreso como en el Senado. Les Corts pedirán «el cese definitivo y permanente» de la actividad del proyecto Castor y su posterior desmantelamiento, ya que, en caso de reanudar sus actividades, nadie «ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no se vuelvan a reproducir los terremotos, ni se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos».

En la proposición firmada, que contó con enmiendas de Compromís y EUPV, el parlamento autonómico pedirá también que se depuren todas las responsabilidades que sean necesarias en caso de que se demuestre que se ha cometido algún tipo de negligencia durante el montaje de la planta o el almacenamiento de gas colchón.

De este modo, están en estos momentos en el punto de mira de los mandatarios autonómicos «tanto la empresa concesionaria -Escal UGS, propiedad de ACS (en un 66 por ciento) y de la canadiense CLP-, como las autoridades que participaron en la resolución que autorizó» el inicio del proyecto.

Este periódico se puso en contacto con responsables de Escal que prefirieron no realizar declaraciones al respecto, como ha sucedido en los últimos días. Anteriormente, insistieron en que cuentan con la aprobación para levantar la plataforma tanto del Gobierno como de la Comisión Europea, que verificaron que cumplía con todos los requisitos y con los estudios que se le pidieron antes de empezar a almacenar gas.

Antes de que se alcanzase el acuerdo, la diputada de EUPV, Marina Albiol, destacó que la planta «nunca se debería haber instalado» de manera que desde su partido consideran que deben depurarse unas responsabilidades que son «compartidas entre el ministerio y el Consejo, entre el PP y el PSOE». En ese sentido, el popular Mariano Castejón le respondió que la declaración de impacto ambiental -imprescindible para iniciar el proyecto- «la otorgó el partido socialista» y recalcó que la proposición de ley que acababan de realizar dejaba «muy claro que la puesta en marcha de esta planta no puede ser incondicional», aunque cree que es necesario que los expertos finalicen los informes solicitados y den sus conclusiones.

Lo cierto es que varias instituciones públicas y privadas participaron y firmaron estudios previos al proyecto. El Gobierno de Zapatero lo aprobó, mientras que el Consell firmó, como reconoció el miércoles Isabel Bonig, tres de los análisis realizados. En principio, la planta no debía acarrear problemas, pero cuando los microseísmos pasaron a ser terremotos las circunstancias cambiaron, pese a que ahora mismo han remitido tanto en número como en intensidad. El último fue de 1,5 grados en la escala Richter anteayer por la noche a las 5.26 horas.

Por su parte, José Manuel Soria admitió ayer que confía en que el proyecto Castor -que depende directamente del Ministerio de Industria- «no le cueste nada» al Estado, que desconoce «lo que va a ocurrir» y que sólo «entraremos en otras consideraciones» cuando los técnicos digan si el almacenamiento se puede reiniciar o no.

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Cientos de personas se manifestaron el pasado 9 de octubre en Vinaròs en contra del proyecto Castor. :: JOSÉ JORDAN / AFP

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