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Los colegios privados piden no pagar el IBI como los concertados

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Los colegios privados piden no pagar el IBI como los concertados

La patronal solicita a la Conselleria de Educación que amplíe las desgravaciones fiscales más allá de los gastos en material escolar

04.07.13 - 00:59 -
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La asociación que agrupa a los colegios privados valencianos se ha sumado a la campaña nacional impulsada por la patronal Acade para solicitar que este tipo de centros queden exentos de pagar a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una medida que les permitiría equipararse con el resto de instituciones dedicadas a la educación reglada: escuelas públicas, concertadas y universidades.

Tal y como explicó Alejandro Monzonís, presidente de Acade en la Comunitat, no pueden acogerse a este beneficio fiscal al tener la consideración de empresas privadas. Hay que tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los casos esta prerrogativa, como refleja la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplica a bienes de dominio público, como por ejemplo, carreteras, líneas de ferrocarril o montes propiedad de las administraciones.

Sin embargo, a partir de 1994 se impulsó una modificación legislativa con el objetivo de «establecer una nueva exención en el IBI a favor de los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros total o parcialmente concertados», según se desprende del real decreto que desarrolla esta medida.

Algo parecido es lo que pretende la patronal Acade a nivel estatal, que ya se ha dirigido al Ministerio de Hacienda para sondear las posibilidades de impulsar un cambio legal en este sentido. Al fin y al cabo, como argumentó Monzonís, la titularidad de los concertados sigue siendo de carácter privado, como sucede con los centros incluidos en la asociación que preside, independientemente de que los primeros reciban cuantías económicas del erario público para cubrir nóminas o gastos de funcionamiento.

Si el Gobierno aceptara impulsar el cambio, teniendo en cuenta que la Administración central tiene las competencias sobre la materia, el beneficio sería doble a juicio de Monzonís: ganarían los centros, al reducir una parte importante de sus cargas fiscales, y también las familias. «Sería muy positivo al tratarse de colegios con un elevado volumen de edificación, y el beneficio se repercutiría directamente en los estudiantes», dijo. Por un lado, al existir más recursos económicos para destinar a otras cuestiones, como equipamientos educativos o servicios, y por el otro, porque la reducción del gasto corriente daría más margen de maniobra para minorar los precios de la matrícula.

No se puede olvidar que entre los numerosos efectos de la crisis está la disminución del número de alumnos que cursan sus estudios en los centros privados, lo que también implica un descenso de su principal fuente de financiación.

En contra de la propuesta de Acade juega también la situación económica que sufre el país. Hay que tener en cuenta que el Gobierno debe compensar a los ayuntamientos, que son la entidades beneficiarias del IBI, por cada exención autorizada para los centros concertados. Por no hablar de las reticencias que puede generar entre los municipios, pues el impuesto es la segunda partida de ingresos más importante tras las transferencias del Estado.

Precisamente ayer se celebró en la Conselleria de Educación una reunión entre la cúpula directiva del departamento y responsables de Acade-cv en la que se trataron diferentes temas de interés para los colegios privados. Según señaló Monzonís, se solicitó a la consellera María José Català ser incluidos en las desgravaciones fiscales aprobadas el pasado año en concepto de material escolar, pues sólo afectan a los centros públicos y los concertados. A través de la renta permiten un ahorro de hasta cien euros a las familias, aunque se exigen requisitos como que uno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo.

También reiteraron la importancia que tendría para las familias que se adoptara el modelo que ya funciona en Madrid, que permite deducir en la declaración de la renta gastos de escolaridad más amplios, como los relacionados con la matrícula, los libros de texto, la uniformidad o las actividades extraescolares hasta un máximo de 900 euros.

Català, receptiva

Se trata de una reivindicación que la patronal valenciana lleva tiempo planteando a la Administración autonómica, pues beneficiaría a todo el alumnado independientemente de la titularidad del centro. Según el presidente de la patronal valenciana, la consellera Català se mostró «receptiva» ante la propuesta.

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Alumnos durante una clase en un colegio privado. :: LP

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