Hace unos días el portavoz del equipo de gobierno calpino, Paco Cabrera daba cuenta de una nueva sentencia que condenaba al Consistorio a pagar una cantidad próxima a los dos millones de euros por el cobro indebido de unas cuotas tributarias en el desarrollo del PP-2, un proyecto urbanístico que rodea el Peñón d'Ifach y el puerto.
Cuando todavía los técnicos municipales están trabajando en revisar las partidas municipales de las que se puede recortar para abonar esa importante cantidad de dinero, ayer llegó a Calp una comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se advierte al alcalde, César Sánchez que o abona 1.696.156 euros a la cuenta del juzgado o le embargarán al Consistorio la primera semana de noviembre.
Según indicaron fuentes municipales, esta cantidad corresponde al pago de intereses solicitado por los propietarios de los inmuebles situados en el Plan Parcial de El Puerto, conocido como PP2 y aprobado en 1995, donde el ayuntamiento cobró, indebidamente, cuotas por exceso de aprovechamiento.
El tribunal falló a favor de los propietarios en 2004, pero el Consistorio decidió recurrir. Es ahora cuando llega este nuevo auto de ejecución definitiva de aquella sentencia. A todos estos importes hay que añadir los cerca de 10.000 euros de las costas, que también saldrán del bolsillo de los calpinos.
Ante esta situación, el concejal de Hacienda, Paco Cabrera anunció nuevos ajustes y recortes en toda la estructura municipal y señaló que «este varapalo judicial pone en riesgo todo el trabajo que lleva acometiendo el gobierno durante este año», para recoger en el presupuesto de 2013 de ajuste exigido al acogerse al plan de proveedores.
Cabrera explicó a LAS PROVINCIAS que esta orden «desabarajusta» todo el trabajo que se había hecho desde Hacienda, e indicó que a partir del lunes a «rebuscar todas las partidas. De hecho, aventuró que «mil euros de aquí, mil euros de allá, así hasta la cantidad total».
Tras esta nueva sentencia contraria a los intereses municipales, el alcalde, César Sánchez ha creado una comisión de trabajo, en el seno de la Comisión Informativa, que permitirá «aclarar el procedimiento que siguió el ayuntamiento y analizar responsabilidades».
La comisión, según señalaron fuentes municipales, se encargará de averiguar lo que ha sucedido para que todos los calpinos puedan conocer lo que ha pasado en este asunto estará compuesta por el concejal de Hacienda, la secretaria municipal, el interventor y el técnico de Urbanismo.
Por su parte, el PSPV de Calp pidió que el expediente de este proceso sea remitido al Tribunal de Cuentas para que este organismo «depure las responsabilidades que corresponda ante este nuevo golpe a las finanzas del ayuntamiento por los actos de gestión cometidos por el PP».
Segun los socialistas, «los hechos se remontan a 1995 cuando gobernaba el PP y el TSJCV declaró ilegales las cuotas en 2004, con un gobierno del PP en el que estaba el propio Sánchez».
