Se avecina una nueva oleada de reformas. Así lo tiene previsto el Gobierno y el pistoletazo de salida será el próximo viernes, cuando apruebe el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Eso sí, a priori no se prevén sorpresas..., no al menos en este paquete que recogerá cambios anunciados (y aún no tramitados) en el Programa Nacional de Reformas.
La economía de un país en todas sus derivadas es una reforma permanente, sea por el mal funcionamiento, los malos datos o simplemente el cambio ideológico. Lo que no se esperaba el actual Gobierno es que en menos de nueve meses surgieran tantas voces discordantes. De la oposición era de esperar, pero de los expertos no tanto..., aunque el hecho de que el presidente Mariano Rajoy ya tenga un apreciable historial de incumplimientos programáticos (electorales) en este tiempo tampoco ha ayudado.
El polvorín estalló a finales de agosto cuando dos economistas que trabajan fuera de nuestras fronteras arremetieron contra la política de 'laissez faire, laissez passer (dejad hacer, dejad pasar)' que parece practicar Rajoy, con la esperanza de que la situación se solucione por sí sola. Se trataba de Jesús Fernández-Villaverde y Luis Garicano, ambos catedráticos de Economía -el primero en la Universidad de Pensilvania (EE UU) y el segundo en la London School of Economics-.
Un mes después mantienen sus afirmaciones. Garicano pide que el Gobierno delimite primero el modelo de país que quiere, sus condiciones laborales, sus fortalezas -turismo y servicios- y sus apuestas -¿qué pasa, por ejemplo, con la famosa sociedad del conocimiento?-. A partir de ahí, apunta, toca revisar toda la estructura del Estado «a fin de que sea sostenible», empezando por los ayuntamientos y comunidades hasta las propias diputaciones, «cerrando las instituciones insolventes». En su opinión, «no se pueden socializar las pérdidas, ni siquiera a los que compraron preferentes, porque de haber tenido ganancias los afectados no las hubieran repartido».
También aboga por cambiar la forma de hacer política económica, «ahora anquilosada, sobrerregulada y sobreprotegida», que no puede ni controlar la presuntamente creciente economía 'sumergida'. La apuesta, para Garicano, son los emprendedores, si bien recuerda que también sigue pendiente la «necesaria» reforma de los servicios profesionales, «que es donde más empleo se puede crear». Por tanto, aboga por un «plan radical de reformas» y, además, por hacerlas «con urgencia», pues aduce que con recortes y subidas de impuestos no se puede confiar en el futuro.
Por su parte, Fernández Valverde subraya que la apuesta es que España recupere la credibilidad, mientras advierte de que «la austeridad está desplazando reformas necesarias» . A su juicio, resultan «prioritarias» cuatro reformas: la del sector financiero, ya encarrilada «pero no culminada»; «otra» del mercado laboral, que continua con la dualidad de fijos y temporales; una que elimine las barreras a la competencia y, por último, la del sistema educativo, ahora en ciernes.
E insiste en que ahora «queda mucho menos tiempo» para los cambios. «En 2008-explica- empezamos con un pequeño tumor, en 2010 había crecido y en 2012 se ha extendido a todo el cuerpo; por eso, va a ser muy duro y costoso salvarnos».
Desencanto social
Lo cierto es que en la sociedad ha cundido, cuanto menos, el desencanto. Aquellos cambios prometidos en el programa electoral del PP -interpreta la sociedad- se han traducido en nueve meses seguidos de recortes, mientras la clase política se ha convertido en el objetivo de todas las críticas por su justificación de la crisis y de las exigencias de Europa.
En el Programa de Estabilidad 2012-2015 se redundaba en los mismos objetivos y reformas del programa electoral: consolidación fiscal, mejora de la eficiencia en la prestación de servicios esenciales, fomento de la competitividad, lucha contra el paro, reactivación del crédito a empresas y familias, modernización de las Administraciones Públicas.
Lo único cierto, sin embargo, es que el Gobierno ha hecho hasta ahora justo lo contrario a lo prometido: subir el IRPF, el IBI, el Impuesto de Sociedades, el IVA; retirar ayudas y subvenciones, como a la compra de vivienda, etcétera. Su penúltima afirmación es que revalorizará las pensiones (según el IPC) -e incluso que «cree» que las subirá (más... aunque seguramente solo las mínimas), como aventuró Rajoy el viernes- y no acelerará su reforma -adelantar los 67 años de edad de jubilación-, mientras los ciudadanos se muestran escépticos y los expertos no lo creen posible porque las cuentas no cuadran.
En la segunda parte del Programa Nacional de Reformas hay muchos palos que tocar. El más urgente, la Ley de Emprendedores. Pero sin olvidar la reforma de la Administración, con la eliminación de duplicidades entre gobierno central y autonómicos -Tribunales de Cuentas, Oficinas Estadísticas, Consejos Audiovisuales, de Protección de Datos, Defensa de la Competencia, Defensor del Pueblo...-. Y en los entes locales se delimitarán sus competencias, reforzando las diputaciones provinciales para la prestación de servicios, limitando sueldos y asesores, e incluso ajustando el número de liberados. El siguiente paso será la controvertida agrupación de municipios, una mejor gestión del patrimonio del Estado (hay 55.000 edificios públicos repartidos por todo el Estado), un mayor ritmo en el recorte de empresas públicas.
Asimismo, la unidad del mercado interior será otro de los puntos a reformar, además de normas concretas que fomenten la competencia -por ejemplo, en un sector energético que solo se ha tocado para recabar más recursos- y la optimización de las inversiones en infraestructuras, entre otras medidas.
Pero, ¿y la prioridad?
Ante la enumeración de las reformas que vienen, el catedrático de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, recuerda las palabras del ministro Cristóbal Montoro: «la prioridad sigue siendo atajar el déficit». Y sobre los ajustes, el también profesor del IE Business School considera que se deben incrementar los ingresos fiscales por la vía de perseguir el fraude -«sin amnistías», advierte- y no subir más los impuestos. La segunda vía de actuación sería, en su opinión, reducir los tipos de interés de la deuda, lo que favorecería un menor coste de la financiación.
Y la tercera vía serían las empresas públicas (2.500). Se trataría de cerrar las que no funcionan y privatizar las que van mejor, como Loterías del Estado, Cesce (seguros), Hispasat, AENA o las energéticas REE y Enagás. Y no para hacer caja sin más, sino destinar los ingresos a reducir deuda.
También cree, como algunos de sus colegas, que no se podrán revalorizar las pensiones: un gasto de entre 3.000 y 4.000 millones que ahora el sistema público de pensiones y la economía del país «no se pueden permitir». Y ya en el plano laboral, no descarta que con o sin esa segunda reforma del mercado de trabajo de la que ya se habla en distintos foros se toquen... a la baja el salario mínimo y el sistema de prestaciones por desempleo.
Serían, no obstante, los únicos recortes 'extra' que contempla ahora, pues a su juicio «no se puede ajustar más ni en infraestructuras, ni en sanidad, ni en educación, I+D+i. «. Por ello, insiste: para «meter la tijera», lo mejor es mirar al gasto improductivo y revisar, por ejemplo la financiación de partidos, organizaciones empresariales y sindicatos.
Sea como sea, toca seguir con las reformas estructurales y esta vez a fondo porque «no cuestan dinero y hay poco margen de maniobra», como nos recordó esta semana la canciller alemana Angela Merkel, guardiana de la disciplina presupuestaria. Eso sí, «sin olvidarse de negociar» -aconseja el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro-, lo que no ha ocurrido en estos nueve meses. Rajoy, lacónico, responde que «hemos tomado decisiones discutibles, pero nadie podrá decir que el Gobierno no ha gobernado».
