L a última campaña contra el fraude puesta en marcha por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) consolida a la provincia de Alicante en los puestos de cabeza de la picaresca para eludir las obligaciones fiscales. Tanto en lo que la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana define economía sumergida de subsistencia, como de cuantía. Uno de los últimos objetos de deseo de Hacienda reside en el alquiler de viviendas. Para no pagar lo que corresponde al fisco por las rentas percibidas, pese a las notables ventajas fiscales, aumentadas incluso en el anterior ejercicio tributario. Hacienda, que ha puesto en marcha el Plan de Arrendamientos de Temporada en Alicante y algunas otras provincias turísticas españolas en pleno agosto (y sigue vigente con visitas 'in situ' de los técnicos tributarios e inspectores a bloques de pisos urbanos o apartamentos de la Costa Blanca), detecta nada menos que un 80% de fraude en los casos de alquiler de pisos investigados o comprobados desde enero. Está estrechando el cerco al defraudador echando mano del cruce de datos de consumo de luz, para lo que cuenta ya con la colaboración de las compañías suministradoras, que, por otro lado, están obligadas por ley y que, como precisa el decano del Colegio Profesonal del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, deben facilitar el modelo 159 con la referencia catastral y la correspondiente lectura de consumo energético. José María Mollinedo, el secretario de los técnicos de Hacienda, añade que Iberdrola o cualquier compañía suministradora no tiene aquí alternativa.
El sindicato más representativo de cuerpos técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con 8.000 funcionarios en toda España, aplaude la iniciativa del departamento que dirige Cristóbal Montoro, que va a generalizar el cruce informativo sobre consumos de luz, un dato clave a la hora de destapar un fraude que en la Comunidad Valenciana superó, según el último dato estimado de Gestha en el año 2010, los 209 millones de euros, casi 80 millones de euros más que un año antes.
Gestha asegura que la cifra se dispara en la Costa Blanca, dada su proyección turística, en los datos que la Agencia Tributaria hará públicos a finales de año, ya que hasta ahora solo se inspeccionaba el fraude urbano, no el de segundas residencias vacacionales, según explica el secretario general del sindicato de técnicos tributarios, José María Mollinedo.
Cuando la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, habla de que en las 4.500 inspecciones y comprobaciones de IRPF realizadas en los últimos siete meses en España se detecta un 75% de declaraciones de la renta obtenida en el arrendamiento de inmuebles se habla de una media estatal. Fuentes oficiales de la propia AEAT aseguran que, en el caso de Alicante y otros puntos calientes de la zona costera y turística, ese porcentaje incluso supera el 80%. Igual de «generalizada» que está la práctica del impago de tributos en el arrendamiento en esta provincia, también se está generalizando el cruce de datos e incluso la visita presencial de los técnicos e inspectores de Hacienda.
El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, admite que se está extendiendo el control sobre este tipo de engaño, pese a que no representa más que un pequeño trozo del pastel del fraude. Tanto en Alicante como en el conjunto de España. Pero este sindicato, siempre crítico con su propio Ministerio, afea que la Ley de Prevención del Fraude Fiscal se aprobara en el 2006 y entrara en vigor un año después, «y hasta este año no se había avanzado en el cruce necesario de información para aflorar esta economía sumergida en los alquileres». «Nos gustaría que los anteriores directivos de la Agencia Tributaria explicaran por qué no se investigaba este fraude, al igual que ha ocurrido con el uso de dinero en metálico», añade Mollinedo.
Asegura que este fraude en el alquiler, que según el Colegio de Economistas de Alicante superaba ya en el 2009 los 1.800 millones de euros en España y los 200 en la Comunitat Valenciana, está muy extendido en Alicante, pese a no tener un «impacto muy notable, aunque lastra lógicamente las cuentas públicas». «Está comprobándose que la elusión no la hacen grupos con gran estructura fiscal, sino gente corriente con sus propios medios», añade Mollinedo.
Y eso que este negocio goza de importantes bonificaciones o beneficios fiscales en España. El decano de los economistas cree que la generalización del fraude en el arrendamiento de vivienda no se da en el caso de los locales comerciales alicantinos. Pero, en cualquier caso, se muestra siempre escéptico sobre este fenómeno: «Desde el 1 de enero del 2011, los arrendatarios no pagan en el caso de que los inquilinos tengan menos de 30 años, frente a los 35 años fijados hasta ahora; además, tienen una reducción del 60% en el resto de casos, siempre que no sea un local comercial», añade Menargues.
Retrasos en el IRPF
La intensificación de esta campaña incluso ha producido, según fuentes de Hacienda, más retrasos de los debidos en la resolución de los expedientes de declaraciones de la vigente campaña de la renta. Se dan muchos casos en los que el titular de la declaración del IRPF presenta más de una vivienda o referencia catastral y, ante posibles sospechas de fraude, los funcionarios de recaudación solicitan el cruce de datos sobre consumo de luz. En cualquier caso, tampoco son retrasos considerables.
Gestha, que insiste en que el Ministerio se puso de perfil en los años precedentes acerca de este tipo de fraude «premeditado», como califica Francisco J. Soler, delegado provincial de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat, destaca que la Costa Blanca ha sido siempre caldo de cultivo para esta elusión fiscal. Diversos estudios, entre ellos el Anuario Económico de la Caixa, han puesto negro sobre blanco en el uso ilegal de apartamentos turísticos. Uno de los últimos informes revelaba que en el conjunto de la provincia de Alicante se registran 159.393.782 pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras (apartamentos) regladas e ilegales. De ese total, 138.667.601 ocupaciones son totalmente ilegales al no estar controladas por la Administración. Ese número supone en términos relativos el 87% del total.
A partir de ahora, el propietario o el inquilino que sea puede oír el timbre de su domicilio y recibir la imprevista visita de un técnico o gestor de Hacienda que le preguntará: «¿Es usted el propietario de la vivienda, el hijo, el cuñado o nadie de la familia?». El paso siguiente será la llamada desde un 'call centre' telefónico para acudir a la oficina tributaria más próxima para razonar por qué se consume luz si el piso está vacío. El último escalón, una sanción económica que puede descapitalizar al más pintado de los arrendadores 'de negro'.
Otra de la casuística del fraude en la vivienda consiste en declarar la segunda vivienda como habitual para desgravar y obtener bonificación fiscal. También aquí Hacienda echa mano del enchufe. Fuentes oficiales de la AEAT informan, además, de que el arrendamiento de locales comerciales en áreas turísticas, y concretamente en la zona del puerto de Xàbia, es ahora objetivo de un «exhaustivo» control.
El decano del Colegio de Economistas de Alicante y experto en fiscalidad, Francisco Menargues, aplaude las inspecciones 'in situ' que está realizando la Agencia Tributaria en Alicante y el cruce generalizado de información con las compañías suministradoras de energía eléctrica, a través del modelo 159, que obliga a éstas (entre ellas a Iberdrola, la distribuidora principal en la provincia y la Comunitat Valenciana) a informar de la referencia catastral y del consumo en las viviendas a Hacienda.
Pero los economistas, que admiten un elevadísimo fraude que llega al 70% en los arrendamientos de viviendas de la provincia, no de locales comerciales, precisa Francisco Menargues, creen que este alto índice de elusión fiscal se debe en buena medida a que «muchos contribuyentes no conocen las actuales ventajas tributarias». Se refiere Menargues a que desde el 1 de enero del 2011 no tienen que tributar los propietarios si los inquilinos son menores de 30 años (hasta esa fecha la edad mínima eran 35 años). Otro importante beneficio fiscal vigente reside en la reducción del 60% del rendimiento del capital en el resto de casos de alquiler.
De temporada
Destaca, además, que no es lo mismo un arrendamiento de vivienda normal que si se trata de una vivienda de temporada como un apartamento con servicios adicionales como el de lavandería, lo cual ya es una prestación de servicio hostelero a efectos tributarios y grava mucho más, como es lógico». Como no podía ser menos, en el Colegio de Economistas estamos a favor del cumplimiento de las leyes tributarias y de todas las leyes en general», subraya Menargues. Este colectivo, especializado en asuntos fiscales familiares y de empresa, tiene evidencias de que, desde hace tiempo, la Agencia Tributaria sigue estrechando la obtención de información a través de cruces de información, como el de consumo eléctrico o de agua y destaca que desde que hace cinco años la Agencia Tributaria introdujo la obligación a todos los contribuyentes a anotar en la declaración del IRPF las distintas referencias catastrales y el uso determinado de cada vivienda en propiedad ha servido para prevenir una mayor generalización de este fraude, que supone para las arcas del Estado, según Menargues, 1.800 millones de euros al año en España, de los que 200 corresponden a la Comunitat.
