Una veintena de obras en el Cabanyal, la mayoría de iniciativa privada, están pendientes de que se resuelva el bloqueo del plan urbanístico para que el Ayuntamiento conceda las licencias definitivas. Así lo afirmaron ayer fuentes municipales, quienes precisaron que se siguen concendiendo aquellos permisos vinculados a actuaciones de emergencia.
El Gobierno trabaja, como publicó LAS PROVINCIAS, en la modificación o incluso derogación del decreto del Ministerio de Cultura que derivó en la actual paralización. La comisión de Urbanismo concede la licencia aunque la deja en suspensión, al entender que no se puede hacer nada referido al plan urbanístico municipal.
El vicealcalde, Alfonso Grau, confió este miércoles que el acuerdo definitivo esté a punto este mismo año. Antes se habrán producido algunos desalojos más en el barrio, donde han proliferado las ocupaciones ilegales estos meses.
La Administración, a través de la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar y la sociedad Aumsa, han comprado estos años decenas de inmuebles listos para su demolición, al estar afectados por la prolongación de al avenida Blasco Ibáñez o alguna de las unidades de ejecución previstas, como viviendas protegidas o equipamientos públicos.
Cada dos meses, indicaron las mismas fuentes, se revisan todas estas propiedades para comprobar que no se ha producido ninguna nueva ocupación. Al margen de estas inspecciones, donde se comprueba que las puertas siguen tapiadas, la Policía Local acude cuando se producen avisos del resto de vecinos, en inmuebles que por lo general están en un penoso estado de conservación, al estar pendientes de derribo inminente.
