Todo impago deviene en un problema para quien no recibe el dinero que le corresponde, pero cuando estos afectan a entidades dedicadas a prestar ayuda a personas dependientes el problema se traduce en «angustia». Con este término define Catalina Esteban, presidenta de la Federación de Entidades de Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat (FEAD), la situación de 26 de los centros a los que representa. «El momento es crítico. A algunas entidades ya les devuelven los recibos de la luz. Nos deben 4,9 millones de euros desde marzo y ni siquiera tenemos fecha para cobrarlos», lamenta Esteban.
Desgraciadamente el de la FEAD no es el único caso. La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Valencia (Cocemfe) anunció ayer que el próximo mes de octubre reducirá su programa de fomento de la autonomía personal a la mitad «por los impagos del Consell». La medida supondrá un 50% menos de horas de atención a 48 usuarios con severas necesidades de asistencia para desempeñar actividades básicas como levantarse, vestirse, asearse, o acudir al médico o a rehabilitación.
ERE en Cocemfe
«No nos ha quedado otra que llevar a cabo un ERE que afecta a todos nuestros empleados y reducirá todos los servicios que prestamos a la mitad, porque nos deben un total de 270.000 euros, 165.000 la consellería de Bienestar Social, 25.000 la de Sanidad y 80.000 el Servef», detalla el vicepresidente de Cocemfe Valencia, Luis Vañó. El dirigente anuncia que antes de la primera quincena de octubre su entidad denunciará formalmente al Servef por impago. «Tendremos que ir a juicio porque la situación ya es insostenible. Llega un momento en el que saltas», declara.
Para reivindicar el pago de lo que se les adeuda, la entidad proseguirá con sus concentraciones los segundos y cuartos miércoles de cada mes, a las 12.00 horas, frente a la consellería de Justicia y Bienestar Social. «Seguiremos reivindicándonos hasta que nos aseguren la continuidad del programa de fomento de la autonomía personal, porque creemos que es indispensable para atender las necesidades básicas de un colectivo vulnerable», sostiene Vañó.
Las residencias de la Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos (Aspadis), que forman parte de la federación FEAD, son algunas de las más afectadas por los impagos del Consell. Su director, Vicente Aparicio, cifra en 1,4 millones de euros lo que les adeuda la administración y augura que su entidad cerrará si no les pagan. «Si no cobramos antes de final de mes nos veremos abocados al cierre. Estamos fatal. Funcionamos gracias a un préstamo bancario porque ya no teníamos dinero para nuestros gastos: el cuidado de 85 jóvenes, los servicios de mantenimiento, la asistencia 24 horas, la comida y los sueldos del personal», explica.
Asindown también sufre
Aunque en menor medida que el resto de entidades consultadas, la Asociación Síndrome de Down de Valencia (Asindown) también sufre impagos por parte de la Generalitat. Según declara la presidenta de la fundación, Pilar Gadea, la asociación puso en conocimiento del Consel su «difícil situación» por los 12.000 euros que le debe la consellería de Sanidad. «Yo quiero quedarme con la promesa de que nos van a pagar parte de lo que nos deben, como nos han dicho», declara.
Por el momento, Asindawn ya ha tenido que prescindir de dos profesionales y ajustar las horas del resto de personal para no dejar de dar ningún servicio. «Con la crisis los padres aportan menos, y eso, sumado al retraso en los pagos, nos está obligando a hacer un esfuerzo extraordinario para mantener nuestra causa», afirma Gadea.
