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El Consell verificará que las obras se hayan hecho antes de pagarlas

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El Consell verificará que las obras se hayan hecho antes de pagarlas

Císcar asegura que el decreto de control de los fondos públicos suple a la normativa estatal que eliminó el Gobierno de Rodríguez Zapatero

15.09.12 - 00:38 -
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El Consell, inmerso desde hace meses en una tesitura de reducción del gasto, aprobó ayer un decreto con el fin de reforzar los controles internos y pagar solamente por las obras que haga o los servicios o suministros que reciba. Para ello comprobará, a través de la Intervención General, que las actuaciones por las que vaya a pagar se hayan prestado acorde al contrato firmado.
¿La aprobación de ese decreto supone que hasta ahora no se controlaba que una carretera estuviera ejecutada de acuerdo con las condiciones que estipula el contrato? En teoría, no, porque era la conselleria que encargaba la obra, en este caso una carretera, o recibía el servicio la que le daba el visto bueno. El decreto va un paso más allá y será la Intervención General del Gobierno valenciano la que deberá acreditar que el contrato se ha cumplido de manera satisfactoria.
José Císcar, vicepresidente del Consell y portavoz del Ejecutivo autonómico, recordó que esta medida legal, iniciativa de la Conselleria de Hacienda, viene a suplir una normativa estatal «que eliminó el Gobierno socialista» de la ley de contratos públicos.
El número dos de Alberto Fabra afirmó que en la situación actual «la administración ha de ser absolutamente rigurosa en la gestión de los recursos públicos», de ahí que el Consell quiera ejercer «un mayor control de la actividad contractual, porque a mayor control, más seguridad y garantía para todos».
La verificación de los contratos comprenderá todo tipo de comprobaciones, «tanto materiales como documentales, con el fin de obtener la evidencia suficiente sobre el correcto empleo de los fondos públicos», aseguró Císcar.
Habrá dos manera de aplicación del contrato: en aquellos de más de 90.000 euros (sin incluir el IVA) y en los de menos.
En el primer caso, los órganos de contratación deberán solicitar de manera obligatoria a la Intervención General del Gobierno valenciano «la designación de un representante para asistir al acto de recepción». El hecho de que no acuda la persona designada por la Intervención «determinará que no puedan entenderse como recibidas las prestaciones ni nazca obligación de pago para la administración». No obstante, Císcar matizó que es «obligatorio» que asista la representación de la Intervención. La solicitud se tendrá que presentar ante el organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública al menos 15 días antes.
En el caso de contratos de menos de 90.000 euros, la designación se solicitará a la Intervención Delegada y si no asiste la comprobación de la inversión «se justificará mediante certificación expedida por el responsable del servicio, dependencia, centro u organismo en la que se exprese la conformidad de las prestaciones realizadas».
El vicepresidente Císcar puntualizó que se trata de «una fiscalización» de carácter interno que no va a suponer ningún coste añadido porque será llevado a cabo por funcionarios como «una función más dentro de su departamento».
Además, Císcar señaló que el decreto aprobado ayer por el Consell «no es una norma que esté pensada en términos de ahorro, sino de dar seguridad jurídica y que todo el mundo sepa que hay que cumplir la regla de la austeridad al máximo».
Al preguntarle al vicepresidente si ese decreto está elaborado pensando en casos (pagar por servicios no prestados) como el de la empresa pública Emarsa, en plena investigación judicial, Císcar respondió que hay que poner en cuarentena esa situación porque todavía no hay ninguna resolución judicial que pruebe que haya habido pagos sin prestaciones.
El vicepresidente agregó que «no se trata de que la Intervención General esté todo el día viendo cómo entran y salen camiones» de las obras para comprobar que los materiales utilizados son los que se reflejan en el contrato.
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El vicepresidente Císcar, ayer tras el pleno. :: EFE/MANUEL BRUQUE

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