El mapa de titulaciones universitarias que entrará en vigor el curso 2013-2014 supondrá una reestructuración de los estudios de grado y postgrado que se imparten en las universidades públicas. En cuanto a los primeros, que suman la mayor parte del alumnado, se fusionarán o desaparecerán aquellos que estén repetidos y sumen una demanda inferior a los 50 estudiantes, aunque también se tendrán en cuenta otros criterios como la evolución histórica o la empleabilidad de los graduados.
Respecto a los másteres, que abren al estudiante un enorme abanico de posibilidades para especializarse tras superar la carrera, las condiciones serán todavía más flexibles, según las primeras posturas mostradas en los encuentros previos a las negociaciones entre la Administración y las universidades para pactar el ajuste.
También pesarán la demanda y las duplicidades a la hora de revisar la oferta. Para la mayoría de los títulos oficiales, se baraja una horquilla mínima de entre 25 y 30 alumnos. Se quiere evitar la permanencia de los que tienen demandas ínfimas. En el ejercicio pasado, según los datos que en su día facilitó la Conselleria de Educación, habían 64 másteres con menos de 15 alumnos. Y varios apenas llegaban a diez.
Según fuentes conocedoras de la negociación, se fomentará la especialización universitaria en la impartición de estos títulos, de manera que se aglutinarán en una o varias universidades los que versen sobre las mismas ramas de conocimiento. La tasa de empleabilidad del egresado o la vinculación con el tejido productivo de la zona también serán parámetros a valorar.
Además, se quiere potenciar la participación de la iniciativa privada, que al fin y al cabo es la que absorbe a gran parte de los titulados universitarios. Uno de los planteamientos es que se impliquen en el sostenimiento de determinados estudios aportando recursos, una especie de mecenazgo similar a las actuales cátedras de empresa, que son la principal vía de cooperación entre las empresas y las universidades de la Comunitat.
No todos los másteres oficiales tendrán la misma consideración. Una de las tareas más apremiantes de la negociación entre la Administración y la comunidad universitaria es determinar qué títulos tienen la consideración de másteres de alta formación científica, pues en este caso se rebajarán los criterios de demanda mínima. El punto de partida a negociar es que oscile entre los 15 y los 20 alumnos. Requerirán una alta cualificación del alumnado y su especialización será todavía mayor. Entre los criterios a valorar, estará la generación de talento, su nivel de inserción y su importancia para determinados sectores tecnológicos.
Este tipo de másteres tendrán una peculiaridad, pues la idea que se baraja es que sean interuniversitarios, una medida que favorecerá la movilidad interna. Ya han existido experiencias previas, como sucedía con el máster en Ingeniería Biomédica, en el que participaban profesionales de la Universitat (UV) y la Politècnica (UPV).
Por último, también habrá un tratamiento diferente para los títulos que versan sobre atribuciones reguladas por ley, y por tanto, son necesarios para el desempeño de determinados trabajos, como puede ser la abogacía. En este caso deberán ser más flexibles para poder cubrir la demanda.
Para el curso actual también habrán novedades en relación a los postgrados. Los másteres oficiales tendrán un precio fijo de 2.500 euros tras la subida de tasas, aunque no será tan elevado como en otras autonomías, pues no refleja el máximo incremento que permitía aplicar el Gobierno. Los habilitantes, en cambio, se regirán por el coste del crédito de sus grados asociados.
