El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aprovechó el inicio de las clases en Infantil y Primaria para anunciar la implantación de cara al curso 2013-2014 del distrito único, que supondrá un cambio especialmente importante en la planificación educativa actual. La principal consecuencia será que la cercanía del domicilio o el trabajo al centro ya no será definitiva para conseguir una plaza. En otras palabras, se abre la puerta a que las familias tengan muchas más posibilidades para escolarizar a sus hijos en función de su elección pedagógica, pues desaparecerá, o se mitigará, el corsé que supone el actual sistema de zonificación.
Esta ordenación hace que, por regla general, los padres tengan que limitarse a optar entre los centros situados en su zona, teniendo en cuenta que el criterio de proximidad es el más valorado a la hora de sumar puntos en la baremación que finalmente determina la lista de admitidos. La situación de Valencia capital ejemplifica la importancia del cambio, al existir 24 distritos educativos en Primaria, sumando las pedanías. Si se convierte en una zona única, significará que un padre del extrarradio tendrá las mismas posibilidades que un residente de Ciutat Vella para matricular a su hijo en un colegio del casco histórico, pues sumarán los mismos puntos por proximidad geográfica. Hoy en día, si no vive en el mismo distrito o en uno limítrofe, no consigue ninguno. Así, la preferencia estará determinada por el cumplimiento del resto de criterios, como la existencia de hermanos escolarizados, la renta, la condición de familia numerosa, las situaciones de discapacidad o el expediente académico, en el caso del Bachillerato o la Formación Profesional.
La iniciativa impulsada por Fabra abre muchos frentes. De momento existe poca concreción, más allá de la posibilidad de crear una zona para cada municipio, aunque también se habla de una simplificación para aquellas urbes especialmente divididas. El caso más extremo es el de la comunidad de Madrid, donde cualquier habitante suma puntos independientemente de la distancia hasta el colegio, siempre que esté dentro de la propia comunidad. Eso sí, los que se encuentran en el mismo municipio suman dos más.
El anuncio de Fabra se produjo en Quatretonda, en el colegio de Infantil y Primaria Rafael Altamira. El jefe del Consell apuntó que la medida «garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias, mejora la eficiencia del sistema educativo, aumenta la competitividad por tener más demanda y favorece la especialización curricular». Ya el curso pasado la consellera María José Català deslizó que le gustaba la idea tras ser preguntada por la aplicación del modelo en Madrid, aunque nada hacía pensar que se adoptara a corto plazo.
A la espera de que durante este ejercicio se vayan precisando los nuevos criterios de admisión, ya se pueden atisbar algunas consecuencias. Por ejemplo, puede convertirse en una salida más para los centros privados sostenidos mediante el concierto, teniendo en cuenta que hay más opciones de dar respuesta a la demanda existente, que este curso se ha plasmado con el trasvase de 10.000 estudiantes desde las redes pública y privada gracias al aumento de las ratios.
El ejemplo también es válido para los procesos de matriculación en las escuelas públicas, que se rigen por los mismos criterios para adjudicar las plazas. Por ejemplo, una familia tendría más margen de maniobra para que su hijo siguiera estudiando en una línea en valenciano tras pasar de Primaria a la ESO, en el caso de que en su distrito educativo no hubieran plazas en programas vehiculados con la lengua cooficial. También valdría el ejemplo de la concertada, en el sentido de que podría optarse por un centro de especial fama por sus resultados académicos o por su proyecto educativo.
Otro efecto positivo es que limitaría la picaresca que se produce en los procesos de admisión para ganar puntos pese a incumplir requisitos. La Comunitat no es ajena a los arreglos, puntuales, que se plasman en las solicitudes: cambios de empadronamiento, alteraciones de la declaración de la renta e incluso, desde que computan los hijos no nacidos como un hermano más, embarazos simulados.
«Supone más libertad de elección, más tranquilidad a aquellas familias que tienen clara cuál es la educación que quieren para sus hijos, desde el respeto a los que piensan que la cercanía también es calidad educativa. Se evitará también que se den situaciones raras», explicaban ayer fuentes de la asociación de padres Apled, que defiende la ampliación de las oportunidades para las familias y también la zona única. «La idea es muy bien recibida porque rompe con una normativa rígida de varias décadas», en referencia a la zonificación actual.
Los plazos marcados por la Generalitat (se aplica el próximo curso), coinciden en el horizonte temporal con la llegada de los primeros Centros de Iniciativa Social (CIS). Son colegios que se levantarán en parcelas de uso público y serán promovidos y gestionados por empresas educativas, órdenes religiosas o cooperativas, que recibirán automáticamente el concierto. Es otra medida pensada en favor de la libertad de elección, pues se levantarán en lugares donde se acredite demanda de este tipo.
Así, el distrito único permitirá a los padres situados fuera de la zona de influencia optar si les convence el proyecto educativo a una plaza en un CIS, que será de nueva construcción, algo poco habitual en los concertados. La previsión es que el curso que viene se inicien las obras de los primeros y que al siguiente (2014-2015) abran sus puertas. Tampoco hay que descartar que los cambios en la zonificación sean progresivos. En Madrid, este curso no ha afectado a los grandes municipios, como la propia capital, donde el distrito único se aplicará en el siguiente.
Elección pedagógica
En clave negativa, el cambio de modelo penaliza la preferencia de los padres que viven en las cercanías al abrir la puerta a la demanda de otras zonas. Además, aunque la decisión de elegir un centro alejado atienda a criterios pedagógicos o ideológicos, siempre faltará información a las familias. Es decir, podrán guiarse por el proyecto, por la fama, por experiencias previas de conocidos o profesores, pero no por los resultados objetivos de rendimiento, una información restringida que se limita al uso interno por parte de las Administraciones para la adopción de medidas, como sucede con las pruebas diagnósticas.
