Mucho ha dado que hablar estos días el anuncio del cierre del centro de atención a enfermos de Alzheimer La Pineda de Castellón, previsto para el próximo 31 de agosto. La deuda que el Consell mantiene con la entidad gestora, la AFA, sumada a la eliminación de las ayudas destinadas a la subvención de la instalación han hecho imposible mantener la actividad en la misma y, aunque desde la organización aseguran que los usuarios seguirán recibiendo la atención en otras dependencias, lo cierto es que la noticia ha supuesto un duro golpe para sus familiares, pero también para los empleados y responsables del servicio.
Sin embargo, este cierre no es sino un 'tropezón' más en un camino lleno de baches para las entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro que operan en la provincia. Desde enero hasta ahora, incluso desde algunos meses antes, las principales asociaciones benéficas de Castellón han manifestado públicamente tener «serios problemas de liquidez», principalmente, a causa de los impagos por parte de la Administración autonómica.
Es el caso de la AFA, por ejemplo, que además de perder La Pineda continúa pendiente del abono de los cerca de 450.000 euros que la Conselleria de Bienestar le adeuda en concepto de subvenciones, pero también de otras ONG como Patim o la Fundación Síndrome de Down de Castellón. Sin duda, la cara más amarga de una crisis que no perdona ni a quienes apenas tienen nada de donde recortar.
Recortes generalizados
Pese a todo, lo cierto es que estas organizaciones luchan por sobrevivir y mantener viva su importante labor social. No siempre lo consiguen, y a veces tienen que prescindir de algunos servicios. Y es que no sólo el Ejecutivo de Alberto Fabra es responsable de la delicada situación económica por la que atraviesan, pues el 'tijeretazo' es más bien generalizado.
Así pues, de un tiempo a esta parte, los programas solidarios que desempeñan organizaciones como Aniuk-Cas y Smara Castellón han visto mermadas en gran medida las subvenciones y ayudas que habitualmente recibían de los ayuntamientos y la Diputación. Algo que, evidentemente, está obligando a sus responsables a reducir el número de pequeños que cada verano traen a la provincia procedentes de Chernóbil (Ucrania) o Tindouf, en el Sahara.
Según explicaba recientemente Mercedes Martínez, presidenta de Anuik-Cas, «este año son sólo 45 los menores de entre siete y doce años que han venido a pasar las vacaciones con familias castellonense, mientras que el verano pasado fueron más de 60».
El paro, por supuesto, tampoco ayuda, ya que hay hogares que tienen a sus dos miembros principales sin empleo y no pueden asumir el gasto que supone atender a un niño de estas características durante todo el verano.
Pero aunque la acción de estas entidades se vea dinamitada por los recortes, su espíritu de supervivencia permanece intacto. A organizaciones como Patim, acostumbrada a luchar contra las drogas y otras adicciones, no les tiembla el pulso a la hora de plantar cara a su difícil situación financiera.
De hecho, hace tan sólo unas semanas la entidad celebró sus 27 años de andadura en Castellón haciendo llegar un manifiesto a los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo en el que solicitaba su intervención ante la «desprotección» que denuncian sufre tanto esta como otras entidades del llamado Tercer Sector en la Comunitat Valenciana.
De lo que se trata, explicaba entonces el presidente de la ONG, Francisco López Segarra, «es de plantear un rescate del tejido social autonómico que han construido durante años las entidades no gubernamentales». «Nuestro futuro nunca ha estado tan difuminado respecto a la administración en cuanto a nivel de participación y respuesta especializada. No sabemos como va a acabar todo esto», lamentaba.
Recortes de plantilla
Y es que la entidad castellonense, como tantas otras, está viéndose obligada a hacer serios ajustes para salir adelante. Ajustes tanto a nivel de plantilla (que en poco tiempo ha pasado de contar con 44 empleados a apenas 22, para acabar en los 12 actuales) como de salarios (en algunos casos superiores a un 50 por ciento).
Pero no todo son malas noticias, y mientras algunos políticos se dedican a echarse las culpas los unos a los otros, hay quienes prefieren entrar en acción y sacar de donde haga falta para contribuir a que la importante labor que desarrollan las asociaciones de la provincia no desaparezca. Ha ocurrido en Vila-real, donde el Ayuntamiento ha decidido aportar una subvención de 40.500 euros para agilizar la apertura del centro de día que la AFA gestionará en el municipio y que, por el momento, está pendiente deque el Consell autorice su uso.
