El síndic de Comptes, Rafael Vicente Quaralt. / Jesús Signes
El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, puso ayer de manifiesto su intención de apretar las tuercas a los ayuntamientos valencianos para forzar el cumplimiento de la estabilidad en los presupuestos municipales y hacer aflorar las facturas que habitualmente los alcaldes guardan en los cajones de los despachos.
Para ello, la Sindicatura de Comptes ha elaborado una instrucción -entrará en vigor el próximo mes y afectará a las cuentas del año en curso-, que considera pionera en España, para regular la información que deben remitir a esta entidad fiscalizadora del sector público de la Comunitat los interventores y los secretarios de las entidades municipales.
Este organismo considera que ante la situación económica general por la que atraviesa España y la de la Comunitat Valenciana en particular, se debe prestar una atención prioritaria «a uno de los problemas crónicos» de las administraciones públicas, «y especialmente de las entidades locales», como es «la práctica de contraer obligaciones al margen del presupuesto».
Las facturas en los cajones inciden «directamente en la estabilidad presupuestaria». Esta es una práctica a la que se recurre cuando en el presupuesto del año en curso ya no queda dinero en las arcas municipales y el equipo de gobierno decide realizar un gasto que no puede pagar.
Suele detectarse esta practica generalizadas en ayuntamientos cuyas cuentas no suelen encontrarse especialmente saneadas. Y reponer en la contabilidad a posteriori la existencia de esas facturas supone reconocer un incremento del déficit en el presupuesto.
Y este extremo no quiere que se le escape de las manos al Gobierno español -ha ordenado, sobre todo a las autonomías, extremar el control del déficit y que, por ejemplo, este año sea como máximo de un 1,5 por ciento-. Por ello la Sindicatura ha elaborado esta nueva instrucción, remitida a los interventores y a los secretarios en la que se regula la información que le deben remitir, como control externo que es de las cuentas de las administraciones y de los entes públicos de la Comunitat.
De esta manera, la Sindicatura requerirá a los ayuntamientos información «sobre las obligaciones contraídas sin cobertura presupuestaria», así como «los reparos formulados por la intervención y los acuerdos adoptados que sean contrarios al informe elaborado por el secretario» municipal.
El objetivo de esta nueva instrucción, según puso de manifiesto la Sindicatura de Comptes, «es apoyar el ejercicio de la función interventora, que en el ámbito local se caracteriza por su soledad y dependencia del propio órgano fiscalizado».
De ahí que el órgano que preside Rafael Vicente Queralt quiera «tener constancia» de «los reparos» realizados por los interventores, sobre lo que considera como «actos no ajustados a derecho», y sobre «acuerdos contrarios a los informes del secretario».
La Sindicatura especificó que hasta ahora solamente en las fiscalizaciones específicas se analizaban los reparos de los interventores o los informes contrarios de los secretarios municipales a lo que consideran una acción política desarrollada por el equipo municipal de gobierno o por acuerdos plenarios que no se ajustan a derecho, puesto que actualmente la información recogida en la plataforma de rendición de cuentas y acciones era «meramente numérica».
La Sindicatura recordó que los acuerdos municipales para adquirir compromisos de gasto sin consignación en el presupuesto «son nulos de pleno derecho» y que, además, como regla general, los ayuntamientos tienen prohibido imputar obligaciones de gasto procedente de ejercicios anteriores en el presupuesto en curso.
Para cubrir este vacío sí existe, no obstante, una posibilidad legal: aquella que otorga al pleno municipal competencias para el reconocimiento extrajudicial de créditos, aunque esto tiene lugar «sólo en casos muy excepcionales», afirmaron fuentes de la Sindicatura.
Ante esta situación, los responsables de este órgano de control consideran que «se debe exigir el máximo rigor en la tramitación y aprobación de estos expedientes».
La intención de la Sindicatura de Comptes es aprobar en septiembre la instrucción que regula esta petición de información adicional y, una vez publicada en el Boletín Oficial de Les Corts y en el Diario Oficial de la Comunitat, los ayuntamientos tendrán dos meses para remitir la información sobre los seis primeros meses de 2012.
