
El Síndic de Greuges, José Cholbi. / Alex Domínguez
Alberto Fabra anunció el pasado 27 de julio su intención de abrir un debate respecto a los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana. El presidente de la Generalitat explicó que estas instituciones -mencionó el Comité Económico y Social (CES), el Consejo Valenciano de Cultura (CVC), el Consejo Jurídico Consultivo (CJC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y las dos Sindicaturas, Comptes y Greuges- deberían someterse a un proceso de ajuste. «Sólo así, haciéndolas imprescindibles con el gasto justo se podrá justificar que continúen en funcionamiento en estos tiempos», reconocían fuentes de Presidencia de la Generalitat, tras subrayar que el Gobierno central había puesto el ojo en este tipo de organismos y había instado a las comunidades a evitar duplicidades.
El máximo responsable de una de estas instituciones, José Cholbi, el Síndic de Greuges (la entidad equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunitat), se refirió ayer a los ajustes que el Gobierno valenciano quiere plantear. En una entrevista en RNE, Cholbi explicó que tiene previsto reunirse en los próximos días con un alto cargo del Gobierno valenciano con el objeto de abordar los eventuales recortes a acometer en la institución que preside. La cita será muy probablemente con el vicepresidente José Císcar a finales de este mes de agosto. Cholbi mostró su disposición a abordar este asunto -«todo en la vida es negociable», dijo-, aunque aprovechó para subrayar que todo el personal con que cuenta su institución es «eficaz y ejemplar». Cholbi dejó entrever que no será sencillo que el Síndic de Greuges se apriete más el cinturón. «Ya lo tenemos muy apretado y el número de resoluciones aprobadas no ha descendido», dijo. Y añadió: «estamos en el límite de (la cantidad de) trabajo de cada persona. Se trabajan muchas horas de forma ejemplar y eficaz», remachó.
Cholbi recordó que pocos días después de conocerse la propuesta del presidente de la Generalitat, 70 entidades y organismos hicieron público un comunicado de apoyo a la institución que preside, y mostraban su «inquietud» ante el «déficit democrático» que supondrían los recortes anunciados, que consideraban «inaceptables e injustos», en el funcionamiento de «una institución estatutaria que defiende los derechos de ciudadanía de todas y todos los valencianos».
El Síndic reivindicó la institución que dirige, y que definió como «necesaria útil y beneficiosa», y subrayó que son muchos los ciudadanos que presentan sus quejas -reveló que a estas alturas de 2012 ya superan las 12.000, más que en todo 2011-. «La ciudadanía reclama cada día más y eso es bueno para la democracia», señaló.
La web de la Sindicatura recoge la totalidad del personal que trabajan en este órgano. A Cholbi le acompañan dos síndicos adjuntos -Emilia Caballero y Carlos Morenilla-. Además de un secretario general, cada síndic dispone de un secretario particular y en el gabinete del Síndic trabajan otras tres personas. Hay diez asesores de distintas áreas, un jefe de informática, otro del área económica, una bibliotecaria, tres asesores en atención ciudadana, una traductora, nueve oficiales de gestión en administración, un conductor y un ujier.





