El Ministerio de Sanidad confirmó ayer que los ciudadanos de menos de 65 años sin cobertura sanitaria alguna podrán formalizar un convenio con los servicios sanitarios públicos mediante el pago de una cuota mensual de 59,2 euros. Si se trata de personas con más de 65 años la cantidad de dinero que tendrán que aportar cada mes será de 155,1 euros, según confirmaron desde el departamento del Gobierno.
Esta medida, que todavía no es definitiva, se deriva del desarrollo del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria en España. La decisión, siempre según la fuente, se dirige a todas aquellas personas que no cuenten con sistema de protección sanitaria, ya sean extranjeros o nacionales.
La medida anunciada por el Gobierno despertó numerosas reacciones. La Organización Médica Colegial (OMC) defendió que todos los inmigrantes sean atendidos por la sanidad pública por motivos deontológicos, de prevención de enfermedades y económicos. «Nuestra obligación ética es atender a todos los ciudadanos y entendemos que el sistema sanitario publico abarca a todos los que residen en este país».
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria consideró «inviable» cobrar un canon a los inmigrantes ilegales por ser atendidos en la sanidad pública y destacó que es mejor solución la que se está proyectando en Baleares y Comunidad Valenciana, en las que «están estudiando hacer una valoración individualizada de cada inmigrante por parte de trabajadores sociales». Así, se determinaría que tipo de asistencia recibiría y, «al menos, se individualizaría», asegura.
El grupo parlamentario de EUPV en las Corts Valencianes anunció que presentará iniciativas en la cámara autonómica que garanticen en la Comunitat Valenciana la «insumisión» al decreto que establece que los inmigrantes sin papeles tendrán que pagar por recibir asistencia sanitaria pública. Lo explicó la diputada de EUPV Esther López Barceló.
