Una de las manifestaciones de funcionarios contra los ajustes aprobados por el Gobierno valenciano. / Jesús Signes
El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, abogó ayer por que haya «menos funcionarios» y por la igualdad de todos los trabajadores. Por ello, González planteó que se haga con estos empleados públicos «lo que han hecho las empresas, ni más ni menos, porque hacen falta las plantillas que hacen falta».
El líder de la patronal autonómica admitió que ese es «un proceso largo». Por eso «cuanto antes se empiece, mejor», afirmó. El Consell ha despedido a empleados públicos durante el proceso de adelgazamiento iniciado tímidamente en 2010, pero no a funcionarios.
El Gobieno valenciano anunció el pasado viernes que antes de acabar el año despedirá a 159 trabajadores de nueve fundaciones autonómicas, está en marcha un Expediente de Regulación de Empleo en RTVV que afectará a casi 1.300 operarios, se ha anunciado otro en Vaersa que supondrá la pérdida de empleo a 350 personas, Ciegsa se desprende de 56 empleados, el IVVSA ha despedido a 212 personas y la Ciudad de las Artes y las Ciencias prescindirá de 162 de sus 325 empleados con otro ERE.
A juicio de González, «es el colmo del escándalo que digan: 'oiga, es que irán al paro', porque es lo que les ha pasado a los de las empresas privadas y no sé por qué razón los funcionarios tienen que tener más derechos que cualquier trabajador».
El presidente de la patronal autonómica cuestionó que «se escandalicen tanto (los funcionarios) cuando les han quitado tres de los seis días moscosos», ya que «los que trabajan en cualquier empresa no han tenido ningún moscoso nunca y nunca han dicho nada, y ahora se hunde el mundo». «Ya está bien, esto parece que sea un régimen de castas, y no, todos iguales».
González defendió la necesaria reducción del gasto corriente en la Administración, «que al final es disminuir el volumen de la administración, que es muy voluminosa y muy complicada, y hay que simplificarla». En este sentido considera como ejemplo «un insulto a la inteligencia» que los 17 diarios oficiales de las 17 comunidades autónomas españolas publiquen cada año 750.000 paginas y el Boletín Oficial del Estado 250.000 paginas. «Se trata de hacer las cosas más fáciles, no hace falta complicar la vida tanto con un millón de normas todos los años», destaca el dirigente empresarial, quien sostiene que «si hay menos funcionarios, habrá menos leyes y las cosas funcionarán mejor porque al final, cada uno defiende su parcela».
Sobre eliminar las diputaciones provinciales, González señaló que «lo importante es que haya una administración más delgada y ágil» y se mostró de acuerdo con que «si es más eficaz que los servicios que dan cuatro municipios se den desde la Diputación, que se den». No obstante, puso en cuestión que «sea necesario mantener tantos órganos políticos». «¿De verdad hace falta tener un miniparlamento también en las diputaciones?», se preguntó.
En cuanto a los efectos de reducir el número de conselleries, subrayó que se debe «rebajar el gasto total» y «cuantificar el ahorro, decir si van a hacer con las misma gente más cosas y mejor o con menos gente y así menos dinero».
González se quejó de que, del ahorro total derivado de las últimas medidas del Gobierno, «cerca del 52% viene de incrementar los ingresos y el 48%, de disminuir los gastos». Y ese ahorro en el gasto «es más por bajada de inversión productiva que ahorro real de gasto», y afecta al «apoyo a la I+D, a institutos tecnológicos, a la economía productiva y al sector industrial».
El líder de Cierval admitió que habrían preferido que el ahorro se produjera de los gastos corrientes de la administración, pero subrayó que los empresarios apoyan esas medidas porque, «en un momento como este, hacer guerritas no es lo más inteligente». «Nos la estamos jugando y aunque no estemos de acuerdo del todo, como sucede en una familia, cuando el problema es exterior hay que unirse», dijo.
Investigación y patentes
En cualquier caso, propuso medidas que «requieren voluntad y claridad de ideas», como cambiar la normativa universitaria para que se igualen «las investigaciones que se convierten en una patente, y luego en un producto que está en el mercado», con las «publicaciones en revistas de primer nivel».
«Eso es inversión productiva, y es el colmo ser uno de los primeros países de Europa de producción de ciencia y, en cambio, estar a la cola en la de patentes -lamentó-, mientras países como Estados Unidos o Corea, basándose en nuestra investigación, lo convierten en patente y luego en un producto al que le sacan dinero. Hay que ser primos».
