La Diputación trata, por todos los medios, de proteger uno de los bienes más preciados de la provincia: la costa. Y es que aunque el cambio de signo político del Gobierno ayudó a esquivar la amenaza que planeaba sobre unas 600 casas del litoral, aún hay flecos sueltos, como la polémica de los chiringuitos, un punto en el que todos los grupos van de la mano, ya que exigen una ley que asegure la continuidad de estos recintos en las playas castellonenses.
De este modo, en el pleno de ayer se quiso dar un paso más y la corporación aprobó por unanimidad una moción -presentada por el PP- que recoge la necesidad de «adoptar una solución que dé seguridad jurídica y tenga en cuenta las necesidades de los chiringuitos ubicados en el litoral y afectados por la aplicación de la legislación de costas», tal y como señaló el diputado de Turismo, Andrés Martínez.
El también vicepresidente del ente remarcó el papel de estos establecimientos «como espacios dinámicos y activos» en el impulso de la economía vinculada al turismo y reclamó «la necesidad de establecer en la nueva disposición normativa criterios concretos y precisos a fin de evitar interpretaciones arbitrarias de la futura norma».
Puntos en los que todos los grupos políticos representados en la institución provincial se mostraron más que de acuerdo, y a los que se añade otro de gran importancia planteado por el Bloc: la transferencia de las competencias en Costas al Gobierno valenciano.
Aunque puede que al Ejecutivo no le parezca el mejor momento para cargar a las autonomías -más a las que ya han solicitado un rescate- con más trabajo y financiación, lo cierto es que desde Castellón dejaron claro que les parece una reivindicación justa que «nuestro litoral y nuestro futuro se gestione desde aquí, no desde Madrid», como alegó el portavoz de los nacionalistas, Enric Nomdedéu.
El Bloc presentó la enmienda, a la que se dio luz verde, para «mejorar» la moción de los populares, y reivindicó que «la transferencia a la Generalitat evitaría los conflictos anuales sobre ubicar chiringuitos en la playa o realizar actividades espectáculos en la misma».
Sin embargo, cabe señalar que entonces el Consell también debería hacerse cargo de todas las obras de mejora y de los trabajos para regenerar algunas zonas del litoral.
En otro orden de cosas, el pleno de ayer aprobó, como estaba previsto, medidas para evitar que el azulejo se vea afectado por la creación de un nuevo impuesto sobre el consumo del gas. En este sentido, además de solicitar que la tasa no se ponga en marcha, reclamaron un plan de competitividad para la industria cerámica.
