Planta de tratamiento de basuras de la Emtre. / Jesús Signes
Quart de Poblet tendrá que cobrar a sus vecinos la polémica Tasa Metropolitana para el Tratamiento, Valorización y Eliminación de Residuos, la Tamer. La localidad se declaró en mayo 'en rebeldía' a la hora de pasar este cargo a sus vecinos y ayer la juez de Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Valencia dictó un auto por el que obliga a Quart a volver a incluir en su recibo del agua el canon de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre).
La medida cautelar obligará al díscolo ayuntamiento a tener que cobrar a sus vecinos aunque desde el juzgado se les informa de que la decisión se puede recurrir en un plazo de quince días hábiles, aunque advierte de que es ejecutiva «ya». El juzgado lo que ha hecho es decretar el auto mientras entra en profundidad en la materia. La juez tiene que decidir si es justo cobrar por esta vía, pero lo que ha hecho es que mientras sale la sentencia definitiva obliga a Quart a ir cobrando, que es lo que pedía el Emtre.
Desde la subida de la tasa en agosto pasado el ayuntamiento, con la socialista Carmen Martínez a la cabeza, siempre ha sido contrario a cobrar a sus vecinos ese dinero. El 4 de mayo la alcaldesa dictó una resolución «con la unanimidad del pleno», argumentaba ayer la política, que prohibía al concesionario de la gestión de aguas en su municipio cobrar el canon Tamer en el recibo municipal del agua. Y fue a raíz de esta decisión municipal por lo que la Emtre denunció ante los juzgados la resolución del consistorio de l'Horta. Además, desde el pasado mes de diciembre la sociedad metropolitana y el Ayuntamiento no tienen acuerdo de colaboración sobre el tratamiento de los residuos de Quart de Polet.
La presidenta del Emtre, Maria Àngels Ramón-Llin, manifestó ayer nada más conocer la sentencia que considera «lamentable tener que recurrir a los tribunales para poder prestar un servicio público, porque algún ayuntamiento haya decidido incumplir la ley aprobada democráticamente, causando un grave perjuicio a sus vecinos, cuando además han estado 2 años cobrándola en su recibo hasta que un buen día deciden no hacerlo».
Para Carmen Martínez lo lamentable es que los impuestos de «mis vecinos tengan que ir a parar a soportar la mala gestión que se ha hecho desde el Emtre en los últimos años». La alcaldesa está estudiando el auto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y aún no han decidido si lo recurrirán. «Nosotros no compartimos el auto, pero acatamos la medida cautelar de la juez», decía ayer la alcaldesa tras conocer la decisión.
